El Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla ratificó, en segunda instancia, la decisión de mantener en libertad a Nicolás Petro Burgos en el proceso relacionado con el caso de fundación Fucoso. 

Cabe recordar que diciembre de 2025 el juez 14 de control de garantías de Barranquilla, Jorge Alberto Ortiz, se abstuvo de imponer medida de aseguramiento domiciliaria al exdiputado del Atlántico, Nicolás Petro, imputado por cinco delitos. 

Ortiz consideró inicialmente que sí existía inferencia razonable por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos, pero no por tráfico de influencia de particular, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

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El juez de segundo instancia indicó este jueves que no hay riesgo actual ni urgencia para imponer una medida de aseguramiento por varias razones.

La primera  era sobre suscribir un acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, que a juicio de la Fiscalía era obstruir a la justicia, pero el juez expresó que el chat donde se habla de ese acuerdo tiene fecha de hace tres años.  Es decir, no es actual. 

Además, que dicho acuerdo nunca se concretó. 

Añadió el juez que Day Vásquez es testigo de la Fiscalía y mantiene un preacuerdo, lo que demuestra que no hay obstrucción a la justicia o freno por ningún acuerdo de confidencialidad. 

Sobre el peligro para sociedad argumentado por la Fiscalía para solicitar la medida, el juez de segunda instancia indicó que el otro togado, en primera instancia, no desconoció los delitos, sino que no vio la necesidad de la medida porque actualmente Petro Burgos no es diputado y no se tiene información de nuevos delitos. 

Así mismo sobre el peligro de fuga, el juez fue enfático en señalar que actualmente el exdiputado está asistiendo a todas las audiencias en todos los procesos que llevaba, ya sea virtual o presencial. 

Hay que recordar que la Fiscalía señaló en la audiencia de formulación de imputación que Nicolás Petro presuntamente junto con Daysuris Vásquez, su expareja, se habrían apropiado de recursos que salieron de las arcas de la Gobernación del Atlántico hacia la Fundación Conciencia Social (Fucoso), donde al parecer Petro Burgos tendría influencia, y se desvió el 50% de los dineros que fueron a parar a manos de el exdiputado, de su expareja y del representante legal de la fundación, Gustavo De la Ossa.

El dinero de la Gobernación a la mencionada fundación sería de 400 millones de pesos para capacitaciones y atención de personas de la tercera edad en los municipios del Atlántico. Sin embargo, según la Fiscalía, solo se usaron 200 millones para tal propósito y los otros 200 se los habría quedado Petro Burgos con su expareja y las demás personas que presuntamente participaron en el hecho. 

Además, según el ente acusador, habría falsificado documentos para la declaración de renta ante la Dian. 

Este proceso va  paralelo al que está en otro despacho judicial por los delitos de enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos  en la época en que su papá era candidato presidencial.