Un juez colombiano confirmó este viernes que el expresidente Álvaro Uribe seguirá en libertad un proceso por presunto soborno de testigos y fraude procesal, así como consideró que el exmandatario ya está imputado, pese a los reclamos de la defensa de que el exmandatario no ha sido acusado por la Fiscalía.

El juez cuarto penal del Circuito de Bogotá confirmó "la decisión de restablecer el derecho de libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" al resolver una apelación de las víctimas a la decisión que había tomado el pasado 10 de octubre la jueza 30 penal con función de garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo Duarte.

El funcionario argumentó que la única forma para que el expresidente siga el caso detenido es que la Fiscalía pida una medida de aseguramiento, algo que no ha ocurrido hasta este momento.

La Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria de Uribe el 4 de agosto para evitar obstrucciones a la justicia en el caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos que lo enfrenta desde 2012 con el senador Iván Cepeda, del partido de izquierdas Polo Democrático Alternativo, pero al perder el fuero su expediente pasó a la Fiscalía General, donde el expresidente considera que tendrá un trato más imparcial.

El paso del proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía conllevó también un cambio en el procedimiento porque la misma Corte dictaminó el 5 de octubre que el caso ya no se puede conducir bajo la Ley 600 del año 2000 sino por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa argumentando que cuando pudieron haberse cometido los hechos motivo de investigación ya estaba vigente esta última.

Uribe ya está imputado

El juez revocó este viernes parcialmente la decisión que había sido tomada el 10 de octubre y manifestó que, contrario a lo determinado por la jueza Salcedo Duarte, se puede equiparar la indagatoria en el viejo sistema y la imputación de cargos en el nuevo sistema.

Esto porque cuando Uribe renunció al Senado a finales de agosto perdió su fuero como congresista y el caso salió de la Corte Suprema de Justicia y pasó a la Fiscalía.

La defensa de Uribe sostiene que la Ley 600 del 2000, basada en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, no es la indicada para este caso porque para eso está la Ley 906 de 2004 del sistema penal acusatorio.

La Fiscalía señala que el asunto debe seguirse exclusivamente dentro de los parámetros de esta última porque hace referencia a hechos que supuestamente pudieron haber ocurrido entre 2017 y 2018, cuando ya estaba en vigor la Ley 906.

En ese sentido, el juez explicó que Uribe ya está vinculado formalmente al proceso penal y que la indagatoria que le hizo la Corte es en "extremo similar" a la imputación de cargos, por lo que son compatibles.

Lo que sigue en el proceso es que la Fiscalía decida si presentará el escrito de acusación contra el exmandatario o si, por el contrario, decide solicitar la preclusión del caso.

Al respecto el senador Cepeda aseguró que la argumentación del juez cuarto penal del circuito fue "impecable" y les concedió la razón "en cuanto a que Álvaro Uribe está imputado y al mismo tiempo que todo lo actuado por la Corte Suprema de Justicia, que las pruebas recopiladas por la Corte, son válidas".

"Además el juez ha determinado que en esas circunstancias el fiscal (Gabriel) Jaimes tiene dos meses para tomar la decisión de si solicita precluir o si acusa a Álvaro Uribe a un juez", expresó Cepeda.

EFE