La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, judicializó a seis personas presuntamente responsables de constituir 185 sociedades de papel para que empresas del sector real se apropiaran del impuesto a las ventas recaudado y redujeran la base gravable de la renta, esto en perjuicio del Estado en una cuantía que puede superar los 155.000 millones de pesos.

Los procesados figuraban como socios o representantes legales de dichas sociedades, así se habrían concertado para constituir empresas de fachada con diversos objetos sociales, a pesar de no contar con capacidad económica, logística, recurso humano, ni operativo para sustentar las operaciones que detectó la Fiscalía.

La investigación determinó que entre 2012 y 2022 esta red criminal y sus integrantes habrían simulado millonarias operaciones comerciales.

Con apoyo de servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la Dirección Especializada de Investigaciones Financieras y aplicando el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF), se determinó que a través de estas sociedades se habrían realizado operaciones de comercio inexistentes que superarían los $843.164.577.003.

Entre los procesados se encuentran Jairo Bernal Manrique, Jaime Javier Sánchez Sánchez, Nidia Pineda Villamil, Fany Rodríguez Corrales, Edgardo Lozano Hastamorir y Jeik Donovan Yepes Albarracín quienes tendrían roles como coordinador societario y financiero, intermediaria y representantes legales de las referidas compañías.

Estas personas fueron capturadas durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas en Bogotá y Casanare. La Fiscalía les imputó, según sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares en favor de terceros y lavado de activos.

Además, de manera simultánea, uno de los indiciados Jairo Bernal, entre 2014 a 2025, al parecer, administró, custodió y transformó recursos por más de $21.744.555.548, suma a la cual le dio apariencia de legalidad mediante movimientos en el sistema financiero.

Por decisión de un juzgado penal con función de control de garantías y conforme a lo solicitado por la Fiscalía General de la Nación, los procesados fueron afectados con medidas privativas de la libertad. Cinco de ellas en sus domicilios, y una en centro carcelario. Además, se suspendió la personería jurídica de 162 empresas vinculadas.

*Con información de Fiscalía General de la Nación