La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, como presuntos responsables de recibir dinero de una estructura del ‘Clan del Golfo’ en Antioquia, a cambio de revelar información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional.

Los tres uniformados, adscritos en su momento al Batallón Rifles de Caucasia, Antioquia, y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 ‘Prócer Manuel Rodríguez Torices’ con sede en el sur de Bolívar, habrían integrado una red delictiva señalada de obtener y suministrar datos sobre despliegues y acciones contra el grupo armado ilegal. 

Dicha estructura delinquió entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias 'La Tía', condenada por estos hechos.

En ese sentido, los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferido por un militar retirado, para que posteriormente alertara sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en inmediaciones de Ayapel (Córdoba).

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De otra parte, Sicacha López es señalado de aceptar una promesa remuneratoria por compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba; al igual que Henao Luna, quien estaría involucrado en la recepción de dinero por la entrega de datos privilegiados sobre los movimientos de los integrantes de la escuadra que comandaba, esto, luego de recibir una llamada de un suboficial retirado, el 14 de abril del 2022.

Los tres uniformados fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la Policía Nacional en Cali (Valle del Cauca), el corregimiento Buenavista, en Distracción, La Guajira, y Yopal, Casanare. Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó, conforme a su posible participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado. 

Los cargos fueron aceptados por Sicacha López, quien deberá permanecer privado de la libertad en su lugar de residencia. Entre tanto, los otros procesados recibieron medida de aseguramiento intramural.