La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó este martes nuevas medidas para proteger a los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz por "la grave situación de seguridad que enfrentan" y que se ha cobrado, según el partido Comunes, la vida de 285 de ellos desde 2016.

Esta decisión, detalló el alto tribunal en un comunicado, hace parte del seguimiento a las medidas cautelares decretadas por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad el año pasado "para garantizar la vida y seguridad" de los exguerrilleros y el derecho de las víctimas a la verdad.

"La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP adoptó nuevas decisiones encaminadas a robustecer las acciones desplegadas para proteger a los excombatientes y sus familias", agregó la información.

En ese sentido, la JEP ordenó a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército Nacional y al Comando Conjunto Estratégico de Transición que informen si dentro de la institución existen planes para prevenir la estigmatización de los exguerrilleros que están en proceso de reincorporación.

Igualmente, el Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia debe informar de las actuaciones realizadas para "lograr la reconciliación, la convivencia y la prevención de la estigmatización en el país".

La JEP también vinculó a este proceso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y le solicitó, al igual que la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), que informe "qué medidas específicas han adoptado para la protección de los derechos de las hijas e hijos y las parejas de quienes han sido asesinados".

El alto tribunal también mostró su preocupación porque muchas familias de excombatientes han debido abandonar los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) por la violencia, lo que los ha dejado en "una situación muy grave de vulnerabilidad que afecta su dignidad humana".

Por ello, la JEP pidió "una protección especial de sus derechos a la vida, la libertad, la salud, la integridad, la seguridad personal, la educación, la vivienda digna y el acceso a proyectos productivos que permitan que tengan un ingreso para su subsistencia".

El crimen más reciente

Justamente las medidas decretadas por la JEP se conocieron apenas un día después de que el partido Comunes, antes conocido como FARC y surgido de la desmovilización de la guerrilla, informara que el excombatiente Manuel Mena fue asesinado en Quibdó, la capital departamental del selvático departamento de Chocó.

"Elevamos nuestra protesta, el Estado colombiano debe cumplir sus obligaciones para garantizar nuestra seguridad, no queremos seguir despidiendo más compañeros", expresó Comunes en Twitter.

Mena fue abordado por varios hombres que llegaron hasta su casa, lo sacaron de allí y lo balearon en una zona cercana.

Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en lo que va de 2021 han sido asesinados 37 excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo de paz de 2016.

EFE