La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un proceso penal al general retirado José Leonardo Gallego, investigado por su presunta participación en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya en el 2000 y por crímenes cometidos en la cárcel La Modelo de Bogotá, tras negar su responsabilidad ante esa jurisdicción.

La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP tras valorar las pruebas, los avances de la justicia ordinaria y las versiones voluntarias de Gallego, quien rechazó su responsabilidad en los hechos.

Gallego se desempeñó entre 1999 y el 2000 como coronel y director de la Dirección Central de Policía Judicial (DIJIN) en Bogotá, cargo desde el cual tenía funciones de apoyo al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Testimonios recogidos por la justicia ordinaria señalan que al parecer favoreció a paramilitares presos en la cárcel La Modelo mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos, lo que pudo haber contribuido a fortalecer su control dentro del penal.

Ese contexto de violencia en la prisión, donde entre 1999 y 2001 se registraron masacres, homicidios selectivos, torturas y desapariciones forzadas que dejaron al menos 101 víctimas, era investigado por Bedoya, entonces reportera del diario El Espectador.

El 25 de mayo del 2000, Bedoya acudió a la cárcel para realizar una entrevista y fue secuestrada a las afueras del penal. Posteriormente fue trasladada por la vía entre Bogotá y Villavicencio, donde fue víctima durante 16 horas de torturas y agresiones sexuales.

Caso emblemático de violencia contra la prensa

Por estos hechos, la justicia ordinaria condenó entre 2016 y 2019 a los paramilitares Alejandro Cárdenas, Mario Jaimes y Jesús Emiro Pereira.

En más de dos décadas de proceso, el caso ha pasado por múltiples fiscales y decisiones judiciales y ha sido señalado como un símbolo de las fallas del Estado para investigar crímenes contra periodistas y mujeres.

En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado colombiano al concluir que el crimen no pudo haberse cometido "sin la aquiescencia, colaboración o tolerancia de agentes estatales" y por las fallas en la investigación del caso.

En abril pasado, Bedoya anunció que desistía de seguir esperando justicia en Colombia, tras 25 años de trámite judicial, al considerar que su caso se encaminaba a la impunidad.

El proceso contra Gallego pasará ahora a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), el órgano encargado de investigar y presentar acusaciones dentro de la JEP, mediante un proceso adversarial previsto para los casos en los que los comparecientes no reconocen responsabilidad.

Si la UIA decide acusarlo, el caso continuará ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, instancia en la que se define la responsabilidad penal cuando no hay admisión de los hechos y donde, de ser vencido en juicio, el general retirado podría enfrentar sanciones de hasta 20 años de prisión.

EFE