El juez Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, al resolver los recursos de apelación y reposición a las pruebas solicitadas por la Fiscal, la defensa y la Procuraduría, comenzó este lunes la etapa final para dar paso al juicio contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro, como presunto responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público.

El juez determinó como primera prueba que va a la etapa de juicio el interrogatorio inicial a Nicolás Petro cuando fue capturado en 2023 en el norte de Barranquilla.

“No hay errores  como señala la fiscalía” dijo el juez quien añadió que  “no hay mérito para ceder a la reposición solicitada” al declararse “la ilicitud de exclusión de los interrogatorios”.

Sostuvo que “al no evidenciarse el error alegado por la Fiscalía, y por el contrario, verificarse que la decisión recurrida se encuentra debidamente sustentada en normas legales y precedentes jurisprudenciales aplicables al caso concreto, este despacho concluye que no hay mérito para acceder a la reposición solicitada”.

Indicó que en consecuencia, “se mantiene en todas sus partes la decisión mediante la cual se declaró la ilicitud y exclusión de los interrogatorios rendidos por el indiciado”.

La declaración de renta de Nicolás Petro correspondiente al año 2022, año en que habría recibido el dinero de dudosa procedencia para la campaña presidencial de su papá,  también será prueba en el juicio para establecer si hubo incremento inusitado del patrimonio.

Un informe financiero de la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, y movimientos bancarios de Nicolás Petro en Davivienda y en el Banco Pichincha.

Otras pruebas aportadas son los chats y conversaciones de Blanca Isabel Gutiérrez, información como la del empresario Gabriel Hilsaca.

Audiencia no se aplazó

El Juez segundo penal del circuito especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó, no aceptó aplazar la audiencia en la que su despacho comenzó a resolver los recursos de apelación y reposición a las pruebas solicitadas por la Fiscal, la defensa y la Procuraduría.

Hoy la defensa pidió aplazamiento de la audiencia, tras recusar a la fiscal tercera delegada contra el lavado de activos Lucy Marcela Laborde. 

La Procuraduría también respaldó la solicitud de suspensión pero el juez negó esa posibilidad tal como lo establece el Código de Procedimiento cuando se trata de una recusación del fiscal.

“Es una falta de carácter del juez y falta de dirección estar permitiendo que las audiencias se aplacen por motivos que no son fundados, ni encuentran un respaldo estricto en la ley”, dijo el juez Carbonó y agregó que “acá no se van a vulnerar derechos”.

“Si se aplaza se corre el mismo riesgo que no hayan resuelto la recusación” y “permite esto es que puede ir en contravía de los derechos de las víctimas y de los intervinientes”.