El Secretario de Transparencia, Andrés Idárraga Franco, denunció que Indumil, la entidad encargada de fabricar y comercializar armas, municiones, explosivos y accesorios de voladuras por mandato constitucional, se encuentra “bajo la lupa por posible caso de corrupción”.

“Hemos trasladado a la @FiscaliaCol hallazgos sobre posibles irregularidades que implican el incumplimiento de los deberes de custodia, control y destrucción de material bélico por parte de INDUMIL”, precisó en su cuenta de X.

Señaló que tras un análisis jurídico adelantado por la Secretaría de Transparencia, consecuencia de unos hallazgos por parte de la oficina de control interno de Indumil y alertas provenientes del mismo presidente de la empresa militar, “se confirmaron hechos que evidencian graves fallas en la gestión de material armamentístico”.

“Hablamos de al menos 320 granadas (274 de 40 mm H.E. y 46 de mortero de 60 mm), más de 7.200 cuerpos de granadas, partes funcionales de fusiles Galil y pistolas Córdova, así como bombas de aviación cargadas de 250 y 500 libras, entre otros elementos”, aseguró.

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El Secretario Andrés Idárraga, informó en su red social que parte del material antes mencionado “contaba con actas de salida de la Fábrica José María Córdova”.

Sin embargo, “no estaba registrado en el sistema de inventario SAP y carecía de trazabilidad o soporte de custodia” e incluso, según indicó, “algunos habían sido clasificados como “chatarra” y estaban listos para ser retirados de la fábrica sin haber sido fundidos o inutilizados, lo que representaba un alto riesgo de recuperación y desvío de armamento”.

Andrés Idárraga Franco también reveló que los hallazgos señalan que funcionarios a cargo de los procesos técnicos y directivos de la planta habrían suscrito actas certificando la destrucción de material que, en realidad, permanecía almacenado y en buen estado, lo que podría constituir una simulación de los procesos de inutilización y fundición.

Agregó que “el material bélico del Estado no puede quedar fuera de control: cada omisión abre la puerta al desvío de armamento y al riesgo para la seguridad nacional. Esperamos que el ente acusador actúe con prontitud e inicie la investigación penal correspondiente”.