Imputan peculado y prevaricato a Daniel Quintero por caso Aguas Vivas
Un juez avaló la imputación de los delitos al exalcalde de Medellín y a otros siete exfuncionarios.
La Fiscalía General de la Nación imputó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a siete exfuncionarios de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción.
El ente acusador los señaló de modificar irregularmente el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.
Además de Quintero y los exfuncionarios, fueron judicializados tres particulares que, al parecer, se beneficiaron de manera irregular de la devolución del predio de uso público.
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Los elementos materiales probatorios indican que, entre febrero de 2020 y mayo de 2023, como parte de conciliación prejudicial los exservidores habrían intentado favorecer económicamente a los particulares Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez cambiando la cesión gratuita del bien a una compraventa, y así poder pagarles 40.509.311.965 de pesos, que correspondían al valor del predio conocido como Aguas Vivas.
Según la Fiscalía, el trámite fracasó y es por eso que el exmandatario y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín, Fabio Andrés García Trujillo, supuestamente expidieron de manera irregular actos administrativos para aumentar el avalúo del predio, entregárselo a los particulares y permitirles el desarrollo de actividades urbanísticas prohibidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
También fueron imputados por interés indebido en la celebración de contratos el exsecretario de Gestión y Control Territorial y secretario General (e), Carlos Mario Montoya Serna; la exsecretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado Manjarrés; el exdirector del Departamento Administrativo de Planeación, Sergio Andrés López Muñoz; la exsubsecretaria de Ejecución Contractual y Secretaria General (e), Natalia Andrea Jiménez Pérez; la exsubsecretaria de Defensa y Protección de lo Público de la Secretaría General, Alethia Carolina Arango Gil; y la exsubsecretaria de Selección y Gestión de Proveedores, Leidy Jiménez Echavarría.
Estas personas habrían participado en diferentes irregularidades durante el proceso de la conciliación extrajudicial, para la modificación de la escritura pública de cesión gratuita a compraventa, la expedición del avalúo catastral por encima de lo previsto, la anulación de conceptos jurídicos negativos sobre el trámite, o la aprobación de la propuesta de pago a favor de los particulares, entre otras.
La mencionada conciliación fue declarada improcedente por el Consejo de Estado, que indicó que el bien ya hacía parte del patrimonio de Medellín, razón por la cual no se podía comprar.
El juez avaló la imputación y ninguno de los judicializados aceptó los cargos.
Con información de la Fiscalía
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