La Fiscalía general vinculó formalmente a los exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico, Jorge Luis Sampayo Herrera y Gertrudis María Peralta Vásquez, por presuntas irregularidades detectadas en un contrato que tenía por objeto garantizar el suministro de 200 cascos para lanchas pesqueras artesanales.

Sampayo fue asesor financiero de la entidad departamental y Peralta exasesora jurídica.

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Los dos fueron imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Además, al contratista Julio César Altamar Rodríguez le formularon cargos de contrato sin cumplimientos de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación. 

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que el contrato 059 de julio de 2014, que superó en valor los $1.000 millones, habría sido direccionado para beneficiar a una fundación privada representada por Altamar Rodríguez, la cual no tenía idoneidad para la construcción de embarcaciones. 

El contratista presuntamente presentó un Registro Único de Proponentes (RUP) expedido en Cámara y Comercio de Barranquilla, el cual contenía información falsa para acreditar la experiencia requerida y así cumplir con uno de los requisitos habilitantes.

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Los dos exasesores investigados hicieron parte del comité evaluador que otorgó altas calificaciones a la fundación y se afirmó que cumplía con todos los requisitos habilitantes exigidos cuando no era cierto para dar viabilidad a la propuesta presentada. 

Adicionalmente, se conoció que el contrato fue suspendido para que el plazo de ejecución de 30 días se prolongara indefinidamente, de tal manera que la fundación tuviera tiempo suficiente para elaborar y entregar los 200 casos previstos.