Con la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la Fiscalía General de la Nación anunció un cambio en la tipificación del delito contra los implicados en el magnicidio.

Tras su fallecimiento, el cargo pasa de tentativa de homicidio agravado a homicidio agravado, lo que modifica significativamente el panorama judicial para los capturados, incluyendo al menor de edad.

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Para comprender el impacto de esta decisión, la opinión del abogado penalista Juan Carlos Cantillo es clave. Según el experto, "el delito sigue siendo el mismo, lo que cambia es el grado de la realización de este. El fallecimiento de la víctima es el factor que consume el delito, pasando de una etapa de tentativa a una consumada".

El principio de congruencia y el futuro de los implicados

Cantillo explicó que este cambio es legalmente viable gracias al principio de congruencia, que exige que las etapas procesales (imputación, acusación y sentencia) se basen en los mismos hechos y personas, aunque permitan una modificación en la calificación jurídica.

"En este caso, se mantiene la identidad de los implicados y el núcleo fáctico del atentado, por lo que la Fiscalía puede acusar por homicidio sin problema jurídico", afirmó.

El cambio más notorio es la pena. "Mientras la tentativa de homicidio permite una reducción de la pena hasta en una tercera parte, el homicidio agravado no tiene este beneficio", indicó.

"La pena por homicidio simple oscila entre 17 y 25 años, pero con las agravaciones del caso, podría ascender a 40 años de prisión, mientras que el homicidio agravado maneja unas penas entre 33 y 50 años", señaló el también docente del departamento de Derecho de la Universidad del Norte.

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Cantillo señaló que esta diferencia punitiva es la que otorga a la Fiscalía un "mayor poder de negociación".

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, lamenta profundamente el fallecimiento del precandidato presidencial Miguel Uribe Tuybay y expresa sentidas condolencias a sus familiares, allegados y seguidores.

Desde la tarde del sábado 7 de junio de 2025, la…

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 11, 2025

La situación del menor de edad y las próximas etapas del proceso

En el caso del menor de edad, el abogado penalista aclaró que la legislación aplicable es la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006).

En este marco, las penas son de carácter más pedagógico y tienen un máximo de 2 a 8 años. Cantillo enfatizó que, aunque el menor cumpla la pena más alta dentro de esta legislación, "formalmente las sanciones son distintas y se cumplen en centros especializados".

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La audiencia estaba fijada inicialmente para el próximo miércoles 27 de agosto, cuando un juez especializado en infancia y adolescencia iba a dar a conocer la condena contra el joven sicario de 14 años que disparó contra el precandidato presidencial y senador, en un hecho que conmocionó al país y puso en evidencia los peligros que enfrentan las figuras públicas en medio del clima político colombiano.

Respecto al proceso judicial, los capturados ya fueron judicializados y la mayoría no aceptó los cargos. Ahora, la Fiscalía tiene tres opciones:

"Negociar con los implicados, es decir, ofrecer un preacuerdo a cambio de información que ayude a capturar a otros responsables o desmantelar una organización criminal", relató el experto.

Como segunda opción, el docente se refirió a que el ente acusador puede llegar a "precluir la investigación, si encuentra que no hay pruebas suficientes para acusar a los implicados".

Y una tercer se relaciona con acusar formalmente. "Si no hay acuerdos, la Fiscalía llevará el caso a juicio bajo la nueva tipificación de homicidio agravado", añadió.

"La fuerza de la Fiscalía es negociar la suma de la pena. Y como la pena subió, ahora la Fiscalía tiene más poder", concluyó Cantillo.

Previamente, el ente investigador confirmó  que el móvil del atentado contra el senador fue su actividad política de oposición. Ante esta revelación, el abogado de la familia, Víctor Mosquera, ha sugerido en distintos escenarios que se debe adicionar el cargo de terrorismo a la acusación.

Esta solicitud busca recalificar el crimen, argumentando que el ataque no solo fue un homicidio, sino un acto destinado a generar terror y silenciar a una figura de la vida política colombiana. La defensa de la familia Uribe Turbay considera que el reconocimiento de la motivación política por parte de la Fiscalía justifica la inclusión de este delito.

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Los capturados

La Fiscalía General de la Nación y la Dijín han identificado y cerrado el cerco a los responsables de la coordinación logística y operativa del atentado contra el senador. Los implicados, quienes ya habían sido capturados, ahora enfrentarán un nuevo cargo tras la muerte del político. 

La investigación ha señalado a las siguientes personas como los presuntos autores materiales del crimen:

Elder Arteaga, alias 'el Costeño' y William González Cruz alias 'el Hermano', señalados como los coordinadores y reclutadores del equipo criminal.

Carlos Mora González y un adolescente de 17 años, los encargados del transporte de los miembros del grupo. Es importante destacar que el menor de edad se fugó de la custodia del ICBF.

Katherine Martínez, la joven que habría transportado el arma de fuego utilizada en el ataque.

Cristian González, el motociclista que se encargaría de la huida del sicario. 

Un adolescente de 15 años, quien sería el presunto autor material del disparo contra Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en un parque de Bogotá.

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Estas personas serán citadas a una nueva audiencia de imputación, donde la Fiscalía formalizará el cambio de delito, pasando de tentativa de homicidio a homicidio agravado, lo que incrementará significativamente sus posibles penas.

Este nuevo escenario no solo es legal, sino que también estará sujeto a la presión social y mediática que podría influir en las decisiones de la Fiscalía a la hora de buscar un acuerdo.