La Fiscalía argumentó el por qué Nicolás Petro Burgos debe ser asegurado en centro carcelario tras los delitos de peculado por apropiación, tráfico de influencia, falsedad en documento público, falsedad en documento privado e interés indebido de contratos que le fueron imputados ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Control de Garantías.

“Nicolás Petro Burgos está involucrado en cada uno de los delitos que le fueron imputados. Hay suficientes indicios”, dijo Lucy Laborde, fiscal del caso.

Detalló la Fiscal que Nicolás Petro habría influenciado siendo diputado del Atlántico y encargó presuntamente a su entonces pareja Daysuris Vásquez para gestionar lo correspondiente entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso), a través de su representante legal, Gustavo De la Ossa; y el secretario general de la Gobernación de ese momento, Raúl Lacouture Daza, con el propósito de entregar contratos para la atención de personas de la tercera edad a la mencionada fundación.

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Según la Fiscalía, dichos contratos fueron redireccionados de manera irregular y parte de esos dineros no fueron usados para el objetivo inicial, sino que presuntamente fueron repartidos entre los intervinientes. 

El ente acusador señaló que hay interceptaciones telefónicas entre Daysuris Vásquez y otros intervinientes para finiquitar detalles en los contratos de Fucoso por orden de Nicolás Petro.

La Fiscalía presentó también conversaciones de Whatsapp entre Daysuris Vásquez y Gustavo De la Ossa, quien le dice que “ Day, ya llegó el contrato. Lo acabo de bajar en el Secoop, voy a solicitar las pólizas de seguro”.

Esta conversación presuntamente Daysuris se lo reenvió a Nicolás Petro para que tuviera conocimiento y estaba a la expectativa de cuándo pagarían el mismo.

La Fiscalía detalló que en conversaciones entre Daysuris y Nicolás se logra observar que parte del dinero que presuntamente sustrajeron de los contratos, a través de cheques y una parte en efectivo, se lo habrían gastado en cortinas y muebles para su casa. 

“Todo es caro, todo es plata. Allí están las cuentas”, dijo Daysuris a Nicolás en una de las conversaciones de Whatsapp.

También supuestamente habrían usado el dinero para la compra de un inmueble. 

Así mismo, el ente acusador agregó que la fundación necesitaba personal médico para supuestamente hacer efectivos los trabajos de los contratos entregados por la Gobernación del Atlántico. 

De esta manera, según explicó la Fiscalía, se allegó la hoja de vida de Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro Burgos, con el fin que firmara un contrato con la fundación, por su condición de médico, por un valor de $ 5 millones de pesos, pero en realidad solo le darían 2 millones con el objetivo que el resto que no se entregaba fuera repartido presuntamente entre Nicolás, Daysuris y Gustavo de la Ossa, representante legal de la fundación.

Es decir, a juicio de la Fiscalía de esta  manera habría un detrimento de las arcas de la Gobernación al apropiarse parte de los recursos que debían ser usados para la atención de personas de la tercera edad en municipios del Atlántico.  

La Fiscalía presentó en la audiencia un informe bien sustentado de las actividades realizadas para los adultos mayores por parte de la Fundación y la Gobernación del Atlántico, pero en la práctica solo se usó la mitad del dinero,  $ 200 millones,  y los otros $ 200 millones se lo quedaron presuntamente Nicolás Petro, su entonces pareja Daysuris, el representante legal de la fundación y otros intervinientes.

La audiencia fue suspendida y continuará a las 2 de la tarde de este martes.