El gobernador de San Andrés, Evert Hawkins, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que en Colombia la Fiscalía General de la Nación lo está sometiendo a una “persistente persecución” judicial.

Por tal motivo solicitó a través de su abogado una medida cautelar por parte de la CIDH, con el propósito de que la investigación tome otro rumbo, según él, "ceñido a la justicia".

Hawkins es investigado por presuntas irregularidades en el marco de la emergencia por el Covid 19 en el 2020.

Habría suscrito 16 contratos de prestación de servicios por valor de $240.551.122, los cuales se adelantaron con personas naturales para apoyar la gestión de la Secretaría de Turismo.

Sin embargo, el mandatario de los sanandresanos insistió en que buscan removerlo de su cargo porque él, "se ha mostrado en contra de los intereses corruptos que se quieren tomar el Archipiélago como botín político y caja menor".

"Quieren mi cabeza, quieren el cargo, quieren retomar el poder, porque no les sirvo allí a los clanes políticos que tenían el archipiélago como caja menor. Yo no he permitido que se desangren los recursos que se destinan para la isla, por eso quieren que me vaya de ahí", sostuvo.

Por el caso de presunta corrupción administrativa por el que es investigado Hawkins, un fiscal delegado solicitó ante la Corte Suprema de Justicia una audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento con detención domiciliaria contra el mandatario. La diligencia se desarrollará el próximo 27 de septiembre.

Sin embargo, el gobernador Everth Hawkins advierte que todo "se trataría de una persecución de la Fiscalía", y rechazó la medida de aseguramiento impuesta.