La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, y otras cinco personas por el polémico contrato de mantenimiento y el suministro de repuestos para los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.

El ente acusador consideró que hay irregularidades en el vínculo contractual entre la cartera de Defensa y una empresa norteamericana, el cual ascendió a 32 millones de dólares. 

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Según la Fiscalía, el particular Carlos Martín Uribe Forero y el contratista James Lester Montgomerie habrían concertado con el entonces viceministro para la Estrategia y la Planeación de MinDefensa para que la compañía extranjera se quedara con el contrato sin tener la idoneidad, experiencia, capacidad técnica y financiera para ejecutar las actividades encomendadas. 

Presuntamente, en este hecho también intervinieron Hugo Alejandro Mora, exsecretario General; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa, y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, excomandante de la Brigada de Aviación No.32 del Ejército Nacional.

Al parecer, estos funcionarios no adelantaron un proceso abierto y recurrieron a una contratación directa para adjudicar el contrato y realizaron una convocatoria directa, flexibilizaron los requisitos habilitantes y extendieron los plazos para la presentación de cotizaciones. 

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Adicionalmente, son señalados de convocar reuniones de estructuración en busca de beneficiar al oferente, permitirle entregar información financiera y técnica no real, y modificar la forma de pago para girar 16 millones de dólares con el primer corte de ejecución, que correspondía al 50% del valor total del contrato. 

El escrito de acusación los señala de los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal. 

La audiencia de acusación aún tiene su fecha por establecer.