La defensa de la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, liderada por el abogado, Oswaldo Medina, denunció este miércoles presuntas presiones ejercidas sobre su cliente por parte de la Fiscalía General de la Nación, desde el pasado 26 de agosto, del año en curso. 

Según su relato, la delegada del ente investigador ofreció un principio de oportunidad a cambio de que Ortiz aceptara unos cargos que, en ese momento, le eran desconocidos.

Lo anterior durante la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, contra la exfuncionaria del Gobierno de Gustavo Petro, por su presunta participación en el entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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"Se terminó ofreciendo un principio de oportunidad pero sin conocer sobre cuáles delitos de manera específica era que redundaba el mismo", expresó Medina, indicando además, que le dijeron que debía "aceptarlo dentro de los tres días siguientes", pues de no hacerlo radicarían el escrito de imputación y medida de aseguramiento, como sucedió.

Asimismo, el abogado de Ortiz cuestionó que la Fiscalía haya destacado como 'clave' un encuentro que sostuvo la exfuncionaria con Olmedo López a la salida de un Consejo de Ministros el 21 de septiembre de 2023. En dicho encuentro, según el ente acusador, habrían hablado del soborno de los 3.000 millones.

"Hubo más de 40 Consejos de Ministros, reuniones en las que se encontraban Carlos Ramón González, Olmedo López, una pluralidad de ministros y hasta el Presidente de la República", expresó Medina.

Cabe mencionar que durante la audiencia, la Procuraduría General de la Nación respaldó la petición de la Fiscalía y solicitó Sandra Ortiz, sea enviada a prisión por "representar un peligro para la sociedad y una amenaza de obstrucción a la justicia". 

La petición se dio tras conocerse que -según el organismo- Ortiz habría tramitado un soborno de 3.000 millones de pesos para el senador Iván Name, y así asegurar el respaldo legislativo a iniciativas del Gobierno. Dichos recursos correspondían a fondos públicos destinados a la población indígena wayúu en el departamento de La Guajira, una de las más vulnerables del país.

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"No existe otra medida que al momento pueda garantizar que frente a la gravedad de los hechos, y su capacidad de gestión, sobre los mismos medios de prueba, la procesada pueda y deba continuar en libertad", expresó un delegado de la Procuraduría.

"Es innegable el alto grado de gravedad. Resulta bastante cuestionable que una persona que funge como consejera de la Presidencia involucre a otras personas en hechos de corrupción que apuntaban a comprometer la idoneidad e independencia del legislativo", agregó el delegado.

En la audiencia, Ortiz fue imputada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias.