La magistrada del Tribunal Administrativo del Atlántico Judith Inmaculada Romero Ibarra, el exmagistrado Luis Carlos Martelo Maldonado; al igual que el exprocurador judicial Simón Miguel Ackerman Sánchez, fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de prevaricato por acción y peculado por apropiación por presuntas actuaciones irregulares que permitieron la venta de dos predios, conocidos como Cuba y Casablanca, ubicados en el corredor vial entre Barranquilla y Puerto Colombia. 

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“Las evidencias recopiladas indican que, entre 2009 y 2010, los funcionarios avalaron un acuerdo que dio vía libre a la comercialización directa de los terrenos, desconociendo que ambos estaban afectados con medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio”, informó la Fiscalía en un comunicado. 

Según el ente acusador, la transacción en su momento ascendió aproximadamente a 3.500 millones de pesos, una cifra muy por debajo del valor real, que superaba los 36.000 millones.

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“La aprobación de esta operación habría favorecido a particulares y generado un detrimento patrimonial cercano a los 20.000 millones en el caso de Casablanca. En cuanto al predio Cuba, se configuró una tentativa de apropiación, al no consumarse plenamente el daño”, detalló la Fiscalía.  

El ente acusador detalló que “los elementos materiales probatorios obtenidos por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de que el entonces procurador, la magistrada y exmagistrado tendrían conocimiento de las limitaciones que recaían sobre los bienes, pero aun así facilitaron la venta”.

Fiscalía imputó cargos a dos magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico by Zona Cero