La Fiscalía 90 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá imputó los cargos de falsedad en documento privado, fraude procesal y concierto para delinquir al exasesor administrativo de la Universidad Metropolitana, Jorge Luis Hernández Cassis, detenido en Bogotá cuando regresaba de Miami, Estados Unidos.

Según el Fiscal 90 ante el Tribunal Superior de Bogotá, Germán Arias Cortés, a cargo del caso, Hernández Cassis incurrió en los delitos promovidos por Ivón Acosta Acero, cuando de manera delictiva pretendió incurrir a error a funcionarios del Ministerio de Educación Nacional -MEN- para inscribirlo como Rector de la Universidad, durante la rectoría en la institución de Carlos Jaller Raad.

En concepto del Fiscal, lo que realmente se pretendía era el nombramiento irregular de Hernández Cassis como Rector para retomar el control del alma mater y ocultar el multimillonario desfalco en la institución denunciado por Luis Fernando Acosta contra Carlos Jaller Raad.

El Fiscal señaló que inicialmente Hernández Cassis fue vinculado como asesor de la Unimetro con un contrato de 40 millones de pesos y después, tras ser denunciado Carlos Jaller Raad fue pretendido ser nombrado Rector.

Tras el procedimiento realizado por Ivón Acosta Acero, agregó, la inscripción no era procedente hasta que la justicia ordinaria resolviera de fondo el conflicto jurídico existente, por irregularidades en su elección como Rector de la Unimetro.

“Trataron de validar un acto administrativo contrariando la Ley para apropiarse del presupuesto de la Universidad Metropolitana”, aseguró el representante del ente acusador.

De acuerdo con el Fiscal del caso, el delito de fraude procesal se consumó con la solicitud que se hizo de la irregular inscripción de Hernández Cassis como Rector, aparentando el cumplimiento de los estatutos de la Universidad Metropolitana.

En ese sentido el Fiscal fundamentó que Hernández Cassis incurrió en falsedad ideológica “como socios criminales” para su inscripción como Rector de la Universidad Metropolitana, induciendo a la oficina de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación en un acto de ilegalidad.

“Están presupuestados todos los requisitos para el delito de inducir a servidor público a incurrir en un delito contrario a la ley”, resaltó en la audiencia.

En consecuencia, aseguró, que “se formó una empresa criminal para apropiarse de la Universidad Metropolitana”, ante lo cual el Fiscal insistió en su formulación de concierto para delinquir “con participación criminal” en los hechos.

Hernández Cassis no aceptó los cargos pero el Juez Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, con funciones de control de garantías, Alberto Mario Ospino, le advirtió la posibilidad de no enajenar sus bienes de manera inmediata.