La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó imputación de cargos contra el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros, dentro de la investigación que se le sigue por supuesto favorecimiento a la guerrilla del ELN con parte de la contratación administrativa del departamento.

Esta investigación mantiene fuera del cargo y detenido en la cárcel La Picota de Bogotá a Castillo Cisneros.

Las irregularidades del entonces mandatario cuando estuvo al frente del cargo se habrían dado en los periodos 2012 – 2015, y 2020 – 2021, señaló la Fiscalía.

Estas indagaciones dan cuenta de cuatro contratos distintos en los que Castillo Cisneros, probablemente, incurrió en actuaciones irregulares, los dos primeros son los contratos No. 497 del 9 de octubre de 2013, por $7.312’940.169; y el No. 362 del 10 de octubre de 2013, por $2.498’124.083.

El objeto de dicha contratación fue la dotación de mobiliario escolar para las instituciones educativas del departamento, pero se encontraron cotizaciones falsas y sobrecostos.

En el primero el sobrecosto alcanzó los $1.450 millones, mientras que en el segundo superó los $619’000.000.

Después se dio la modificación al contrato de prestación de servicios No. 469 de diciembre de 2019, que hizo parte del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Con ocasión de la emergencia por el Covid-19, el 23 de abril de 2020 el entonces gobernador cambió el tipo de ración de “preparada en sitio” por “preparada en casa” para llegar a 18.036 beneficiarios.

El cambio estaba contemplado en la norma para superar las restricciones de pandemia; sin embargo, no habría sido sustentado con estudios de mercado y generó sobrecostos por $860’975.373, entre otras posibles anomalías.

Finalmente, habría irregularidades en el contrato No. 198 del 6 de abril de 2020, por $4.463’739.189.

Tenía por objeto la entrega de kits de ayuda alimentaria para suplir las necesidades ocasionadas por la pandemia. La Fiscalía determinó que hubo licitación pública solo para solo cumplir con lo previsto en la ley porque, según la investigación, los requisitos y pliegos estaban direccionados para que el contrato quedara en manos de una firma específica.

En este caso José Facundo Castillo Cisneros será imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos agravado, precisó la Fiscalía.