La Fiscalía General de la Nación lleva a cabo una indagación sobre el manejo de los llamados ‘cupos indicativos’, en orden a establecer la regularidad en el manejo de los mismos.

En desarrollo de dicha investigación, que ha tomado más de un año y que se basa en casi 50.000 registros telefónicos, seguimientos judiciales y cientos de documentos, se logró establecer que mediante este mecanismo se asignaron recursos a las regiones en condiciones de opacidad, lo que facilita la corrupción, hace más complejo su seguimiento y da lugar a que un porcentaje de los dineros públicos se desvíe y no se inviertan integralmente en los municipios beneficiarios.

La denominada mermelada se vuelve ‘tóxica’ cuando el miembro de una corporación pública beneficiario del cupo logra su direccionamiento a través de una alcaldía vinculada, por medio de la cual se obtiene que un contratista preseleccionado les asegure un porcentaje del contrato.

En la Fase I de la Operación 'Mermelada Tóxica”' uno de los alcaldes de los municipios investigados, de Categoría 6 y con marcadas características de marginalidad, manifestó a la Fiscalía que en los proyectos de inversión de estos cupos solo la mitad se queda en la región.

“Hay que pagarle un 12% al congresista, y un 30% adicional lo cobran los grupos armados irregulares de la región”, dijo el alcalde.

Primer caso de ‘mermelada tóxica’

El primer caso de ‘mermelada tóxica’ que ha comprobado la Fiscalía, tiene origen en un convenio que se suscribió entre el alcalde de El Peñón, en el sur del departamento de Bolívar, y Coldeportes, para la construcción de una cancha sintética de Fútbol 11 en el barrio La Concepción de ese municipio de Categoría 6, al que sólo es posible llegar en ferry por el río Magdalena.

Según las pruebas recaudadas por los investigadores, el convenio fue priorizado en Coldeportes, por tratarse de ‘un cupo de un Senador’. Las evidencias acopiadas indicarían que se trata del senador Antonio José Correa, actual segundo vicepresidente del Senado de la República.

La investigación da cuenta de que el señor Arling Arias, alcalde municipal, sería un servidor público cercano al senador Correa, quien por conducto de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo, se habría puesto en contacto con el mandatario local para lograr la firma del convenio por tres mil cuatrocientos noventa y un millón de pesos ($3.491’000.000), para la construcción del escenario deportivo.

Los funcionarios habrían obtenido una 'Coima' de este convenio.

El sistema de pagos que se usó en este caso, según la Fiscalía, fue el siguiente:  La asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del Senador Correa, señora Mariela Margarita Trujillo Buelvas, habría buscado a un funcionario de Coldeportes para elaborar los diseños del proyecto, con el fin de promover el convenio en su fase inicial. El funcionario de Coldeportes plagió los diseños presentados por otro municipio, que nada tendrían que ver con las condiciones y necesidades de El Peñón, y los radicó en noviembre de 2016.

Por su parte, el alcalde del municipio habría identificado al contratista que le serviría como firmante del contrato, quien se habría comprometido a pagar una “coima” equivalente al 12% del convenio a través del congresista y otro porcentaje para el alcalde.

En 2017, cuando fue evidente que los diseños no sirvieron, la contratista hizo un pago a funcionarios de Coldeportes para que ajustaran los diseños y viabilizaran técnicamente el proyecto. Aunque se hizo el pago, los diseños jamás fueron ajustados.

En noviembre de 2017 y ante la urgencia de aprobar los proyectos antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías, un funcionario de Coldeportes viabilizó el proyecto a pesar de tener diseños arquitectónicos, hidráulicos, estructurales y eléctricos presuntamente falsos. Este funcionario también habría recibido dinero a cambio y, posteriormente, fue nombrado supervisor del contrato.  De esta forma, aunque se pasaron por alto todas las reglas de la contratación pública, se obtuvo el radicado ante Coldeportes, con el fin de viabilizar el cupo indicativo del Senador.

En mayo de 2018 se suscribió el contrato entre la alcaldía de El Peñón y el Consorcio El Peñón, conociendo los contratistas que el proyecto aún no contaba con los diseños requeridos. Las investigaciones permitieron determinar que el pago del 12% para el congresista Correa se habría convenido en dos contados: 60% de la “coima” al inicio de la gestión y el 40% restante al momento de la firma del convenio.

También la Fiscalía determinó que el alcalde de El Peñón habría recibido al menos cincuenta millones de pesos ($50’000.000) por la gestión y que los funcionarios de Coldeportes habrían recibido diez millones de pesos ($10’000.000) por realizar los diseños del proyecto y cuatro millones de pesos ($4’000.000) por ajustarlos y viabilizarlo.

Todos los pagos se habrían efectuado en efectivo, según las conclusiones del Fiscal de caso, para evadir los controles. Inclusive, uno de los pagos con destino a funcionarios de Coldeportes habría sido consignado a la cuenta bancaria del hijo de Mariela Margarita Trujillo Buelvas, la asesora de UTL del senador, quien se habría encargado de mediar entre las partes y de hacer varios de los cobros que se tenían como cuotas por la asignación de los recursos. De hecho, presuntamente ella fue la encargada de hacer el seguimiento para la viabilización del proyecto y por ello se habría encargado del pago a los funcionarios de Coldeportes para lograrlo.

Capturas

Por estos hechos de corrupción, la Fiscalía reveló que hizo efectiva en el día de hoy de las capturas del alcalde de El Peñón, Arling Arias García; Mariela Margarita Trujillo Buelvas, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Antonio José Correa; Gustavo Álvaro Velandia Segura, funcionario de Coldeportes, quien viabilizó técnicamente el proyecto; Jairo Fidel Ortega Chaparro también funcionario de Coldeportes, a quien le habrían pagado para ajustar los diseños estructurales; Edwin Fabián Moreno Ruíz, de Coldeportes, quien presuntamente filtraba información de la viabilidad del proyecto y sacaba e introducía documentos para lograr la celebración del convenio.

Del mismo modo fueron capturados el contratista Carlos Celestino Martelo Sarabia y el particular  Carlos Hernán Rivera Lozano, exfuncionario de Coldeportes, quien a su vez tenía una empresa para ofrecer a los alcaldes los diseños de los proyectos y su consecuente viabilización.

Adicionalmente, el fiscal de conocimiento ha decidido compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia, con el objeto de que se indaguen las presuntas conductas irregulares en que habría incurrido el senador Antonio José Correa. Por lo demás, se ha dispuesto la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación para que se investigue la conducta de los servidores públicos citados.

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.