Gilma Patricia Mesa Cierro y Aredia Aragón Granados, lideresas de la organización Asovicre Caribe (Asociación de Víctimas Resilientes de la Región Caribe), denunciaron persecución y amenazas de muerte en medio de la incansable búsqueda de familiares desaparecidos y en defensa de los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Las dos mujeres, que durante más de dos décadas han apoyado a cientos de víctimas en la región, aseguran que el pasado 16 de julio fueron víctimas de un atentado en Barranquilla, cuando salían de la Casa de la Memoria después de un encuentro con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

“El 16 de julio estaba con la compañera Gilma Mesa en la Casa de la Memoria. Estábamos en un espacio de memoria con la Unidad de Búsqueda, salimos tipo dos de la tarde, nos montamos en un taxi y el señor del taxi nos dice que si nosotros tenemos escolta, le decimos que no. Luego él dice, esa moto que viene atrás nos viene persiguiendo. El señor intentó desviarse para que la moto se desviara, pero la moto seguía. El taxista se metió por la Murillo pero cuando vimos, los dos hombres sacaron un revólver y apuntaron hacia nosotros. El taxista aceleró y nos dejó en la estación de la 8”, contaron las lideresas a Zona Cero. 

La organización, que nació del dolor de madres, esposas, hijas y hermanas que han sufrido desapariciones forzadas, homicidios, desplazamientos y violencia sexual, lleva 20 años trabajando en procesos de búsqueda, memoria y exigencia de verdad.

Según Gilma Patricia Mesa Cierro, presidenta de Asovicre Caribe, la persecución ha sido constante.

“Desde que iniciamos este proceso, nos persiguen. A mí me amenazaron con llevarse a mi hijo cuando apenas tenía 7 años. Nosotras hemos tenido que salir desplazadas de Barranquilla en varias ocasiones por estas amenazas. Y lo más doloroso es que no tenemos enemigos distintos al propio Estado, al Ejército Nacional. Son ellos quienes nos persiguen”, denunció.

La presidenta de Asovicre Caribe recordó que la búsqueda de las víctimas ha recaído en las propias familias, muchas veces sin apoyo real de las instituciones.

“El dolor de nosotros es el título, la búsqueda incansable que tenemos de encontrar a los seres queridos. Así como nosotros encontramos a nuestros seres queridos. Nosotros queremos que la organización y todas las víctimas de Colombia encuentren a sus desaparecidos. Ese es el motivo de nosotros de la búsqueda. Las manos de nosotros han sido el palo, el pico y la pala para encontrarlos”. 

Gilma Patricia Mesa contó su historia, revelando que fue ella quien encontró al padre de sus hijos, desaparecido el 20 de noviembre del 2005.

“Nosotros iniciamos la búsqueda. En el caso mío de la desaparición y muerte del papá de mis hijos, nosotros lo buscamos en San Diego, Cesar. Nosotros por medio de expedientes de Fiscalía nos dirigimos al lugar y cuatro meses después, lo encontramos allá”, dijo la lideresa. 

“Mi hermano no era guerrillero”

Aredia Aragón ha vivido amenazas desde 2008, cuando su hermano, Darwin David Aragón Granados, fue asesinado en un operativo militar en Cesar y presentado como integrante de la guerrilla 4 meses después de su desaparición. 

“Mi hermano fue engañado con una falsa oferta de trabajo en Valledupar. Un amigo lo vio subirse a un camión del Ejército el 30 de abril y días después apareció muerto y reportado como guerrillero. Eso fue un montaje. Cuando puse la denuncia contra el Ejército, comenzaron las amenazas. Incluso un comandante me pidió que retirara la denuncia para no arruinarle la vida a los militares”, explicó Aragón.

La lideresa señala directamente al entonces comandante del batallón La Popa, el general Adolfo León Hernández, como responsable de encubrir la ejecución.

“El comandante del Ejército me llamó, me hizo una propuesta y me dijo que dejara ese proceso, que retirará la denuncia contra el Ejército, y yo le dije a él que yo no iba a retirar la denuncia porque a mi hermano me lo trataron como un vil delincuente. Que venimos de una persecución de guerra, porque somos desplazados del Cesar. A raíz de eso, desde ese día, comenzaron las amenazas, los abogados de los militares me mandaban mensajes. Adolfo León Hernández, él es el máximo responsable porque él era el comandante en esa época del batallón la Popa”.

Pese a las amenazas, las lideresas aseguraron que seguirán defendiendo la memoria de las víctimas y exigiendo justicia.

“Así como encontramos a nuestros seres queridos, queremos que todas las víctimas de Colombia encuentren a los suyos. Esa es nuestra lucha, y aunque nos persigan, no nos van a silenciar”, concluyeron.