Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación San José, confesó haber falsificados títulos académicos a Juliana Guerrero y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía que contempla una pena de 3 años de prisión e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 44 meses por el delito de falsedad ideológica en documento público. 

"Esta persona, aprovechando las funciones del cargo que desempeñaba, suscribió, autorizó y emitió en julio de 2025, dos diplomas académicos con sus respectivas actas, en los que hizo constar que una estudiante (Juliana Guerrero) había cumplido los requisitos para graduarse como profesional en contaduría pública y tecnóloga en gestión contable y tributaria", indicó la Fiscalía. 

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En el curso de la investigación dirigida por un fiscal de la Unidad de Fe Pública y Orden Económico de la Seccional Bogotá se conoció que Gutiérrez Martínez, "utilizando su perfil en la plataforma del centro educativo, consignó información falsa para certificar la presentación de las pruebas de Estado, entre otras exigencias de ley". 

El juez de conocimiento avaló el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado. 

Juliana Guerrero, exasesora del Ministerio del Interior en el Gobierno de Gustavo Petro, también fue imputada por la Fiscalía por presentar esos títulos falsos para poder ejercer cargos dentro del Gobierno.

La joven también tiene otro proceso abierto con un familiar en la Fiscalía por presunta corrupción por supuestamente haber recibido millonarias comisiones de contratistas del Estado.

Según Semana, los hechos comenzaron en 2024, cuando Juliana y Verónica se ganaron la confianza de empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, personajes que entregaron dinero para obtener contratos con los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.

Para ese entonces Juliana había culminado un contrato de $11 millones con el Ministerio del Interior y estaba en camino al viceministerio de Juventudes. Por su parte, a Verónica también se le había terminado su contrato de $19 millones con Colombia Compra Eficiente y otro de $11 millones con el Ministerio del Interior.