Nicolás Petro Burgos, exdiputado del Atlántico e hijo del Presidente Gustavo Petro, cada día está más enredado con la justicia.

Para este martes 4 y miércoles 5 de noviembre está programada la continuación de audiencia preparatoria para juicio, en donde empezará una etapa decisiva. 

Se trata del proceso en su contra por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito ante el Juez Primero Especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó.

El togado tomará la palabra para decidir sobre exclusiones, admisibilidad e inadmisibilidad de pruebas en el juicio, luego que tanto la Fiscalía como la defensa de Petro Burgos presentarán sus elementos materiales probatorios que pretenden usar en el juicio oral. 

El juicio contra el hijo del Presidente sería instalado en esta misma semana.

Este proceso tiene que ver sobre presuntos dineros de dudosa procedencia que recibió el exdiputado para la campaña presidencial de su papá, Gustavo Petro, y quien aseguró Nicolás antes diligencia frente la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes que el dinero no entró a la campaña y que todo quedó fue en sus manos.

Hay que recordar que la Comisión de Acusación también lleva una investigación al Presidente para establecer si esos dineros entraron a la campaña.

El otro proceso que enreda a Nicolás

El miércoles 1o. de octubre había programada una audiencia de formulación de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el exfuncionario por presuntamente haberse apropiado de millonarios recursos, girados a través de una fundación social, que destina los mismos para la atención de personas de la tercera edad y niños con discapacidad. 

Sin embargo, según el abogado de confianza de Petro, había presentado un solicitud de aplazamiento argumentando que  tenía otras audiencias programadas “inaplazable de alegatos de conclusión en el Juzgado 36 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá, donde  actuó como representante de víctima del señor Presidente Gustavo Francisco Petro Urrego. El despacho advirtió que la misma es inaplazable”.

Además, durante ese día el abogado tenía una cita médica con otorrinolaringología  en la tarde y que por condición de salud requería atención. 

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También argumentó en la carta que debía asistir a citaciones “ante la Comisión de Investigación y Acusación para ampliación y ratificación de denuncia donde funjo como defensa del señor Presidente de la República, fijadas a las 2 y 2:30 de la tarde con imposibilidad material de atender simultáneamente todos los compromisos”.

Precisó que estas diligencias programadas con antelación impedían la asistencia efectiva como defensor de Nicolás Petro y “crean un riesgo real de indefensión”

En su argumentación aseguró el abogado que “el artículo 157 de la Ley 906 de 2004 autoriza aplazamiento por causa justificada cuando concurran circunstancias que afecten el ejercicio de la defensa o la comparecencia efectiva”.

Además, que “el artículo 29 de C P establece el debido proceso, defensa técnica e igualdad de armas, razón por la cual necesito conocer la petición de audiencia de imputación hecha por la Fiscalía”.

Ante tal solicitud, la Juez Sexta Penal Municipal con Control de Garantías de Barranquilla, a quien se le asignó por reparto la mencionada audiencia, accedió a la solicitud y devolvió la carpeta al Centro de Servicios Judicial para que se reprograme la audiencia para después del 8 de noviembre, fecha en la cual según indicó el abogado tiene disponibilidad de tiempo para asistir a Nicolás Petro.

La nueva imputación de cargos

En esta nueva formulación de imputación Nicolás Petro estaría presuntamente inmerso en delitos como tráfico de influencia, falsedad en documento público e interés indebido en la celebración de contratos.

Según reveló el fin de semana anterior la Revista Semana, el exdiputado y su expareja Days Vásquez habrían tenido algún tipo de relación con la Fundación Conciencia Social (Fucoso), destinada a la atención de personas de la tercera edad y niños con discapacidad.

La Fiscalía tendría en su poder material probatorio, que pretendía dar a conocer en la audiencia que se aplazó, en donde presuntamente hay contratos, convenios, órdenes de pago de la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Barranquilla dirigidas a la mencionada fundación para esas atenciones integrales a la población vulnerable, pero que dichos dineros presuntamente quedaron en manos del exdiputado. 

Habrá que esperar la reprogramación de la audiencia para que la Fiscalía revele la cantidad de elementos materiales probatorios que tiene para indicar como probable autor de las conductas punibles a Nicolás Petro.

Petro Burgos se encuentra en libertad tras ser revocada la medida de aseguramiento domiciliaria que tenía en su contra por el  otro proceso de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, pero podría ser asegurado cuando la Fiscalía solicite la medida de aseguramiento en el nuevo caso relacionado con la fundación.