La Fiscalía General de la Nación, en un acto de reconciliación, reparación y verdad, entregó este lunes, de manera simbólica, los cuerpos de los ocho líderes sociales y cristianos asesinados y enterrados en una fosa común en zona rural del municipio de Calamar, Guaviare.

“El evento fue presidido por la directora seccional Guaviare, quien estuvo acompañada por el fiscal del caso y una fiscal especializada, además de servidores del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) del área de psicología”, precisó la Fiscalía.

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Detalló  el ente acusador que “en la ceremonia se entregó documentos, certificaciones de plena identificación de los cuerpos y relató el procedimiento para la ubicación y recuperación de los cuerpos”.

El acto se realizó en el auditorio de Medicina Legal, en la ciudad de Villavicencio, en el departamento del Meta.

El fiscal delegado para la criminalidad organizada, Raúl González, anteriormente había indicado que las víctimas “fueron obligadas a cavar su propia fosa antes de ser ejecutados por presuntos vínculos con el ELN, acusación sin sustento alguno según la investigación en curso".

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Las víctimas habían llegado a Guaviare procedente de Arauca. 

"Esta situación aparentemente se da por el origen de algunos de ellos; son de origen araucano, y en esa paranoia criminal, los victimarios asumen que son integrantes del ELN intentando ingresar al departamento", indicó el fiscal.

Agregó sobre estas personas que "eran familias campesinas que buscaban dónde hacer una nueva vida (…) Predicaban en espacios comunitarios, no era una gran iglesia, pero tenía un liderazgo fuerte entre los suyos".

Las víctimas fueron identificadas como Jesús y Carlos Valero, Marivel Silva, Maryuri Hernández, Isaid Gómez, Óscar Hernández, Nixon Peñaloza Chacón y James Caicedo.

La masacre ha causado indignación en el país.