El abogado y empresario ambientalista Augusto César Rico denunció a través de un comunicado que el hotel ecológico que construyó y operó durante más de cinco años en la entrada del Parque Nacional Natural Tayrona "fue tomado por la fuerza por su socio minoritario, con el presunto respaldo de estructuras criminales, mientras las autoridades judiciales e institucionales no han actuado, a pesar de las múltiples denuncias presentadas".

Indicó que el hotel, conocido como Ecohabs Bamboo Tayrona, "está siendo operado ilegalmente desde el pasado sábado 14 de junio, por personas distintas al equipo de empleados del hotel, bajo una nueva razón social que no cuenta con autorización ni registro de turismo para comercializar el establecimiento Bamboo Tayrona". 

"A pesar de esto, están ofreciendo reservas a través de plataformas como Booking.com, bajo el nombre Unique Tayrona", afirmó.

Según el denunciante, esta situación se agrava este lunes, día en que el Parque Nacional Natural Tayrona reabre sus puertas al público tras su cierre anual del 1 al 15 de junio. 

"Turistas extranjeros con reservas confirmadas desde hace meses a nombre de Bamboo Tayrona llegarán al hotel sin saber que se encuentra en manos de personas diferentes, en una situación que podría constituir un fraude y poner en riesgo su integridad", afirmó el empresario.

De acuerdo con la denuncia pública de Rico García, el conflicto inició en febrero de 2025, cuando fue contactado por su socio minoritario, al que identificó como Robinson Jesús Méndez Mendoza, "quien lo presentó con un presunto jefe paramilitar". 

"A partir de ese momento comenzaron amenazas sistemáticas. En abril, el abogado y cinco empleados fueron retenidos en contra de su voluntad, presionados y obligados a firmar documentos bajo coacción", señaló el comunicado.

Recordó que la denuncia del secuestro fue radicada en la Fiscalía y acompañada de audios, testimonios y evidencias, sin que hasta la fecha se haya producido ninguna captura.

"Augusto Rico, quien posee el 70 % de la sociedad registrada legalmente, asegura que la toma del hotel fue premeditada y ejecutada con violencia. Desde el día del secuestro, ha permanecido desplazado de Santa Marta y desde ese día no pudo ir a su propio hotel, luego de recibir múltiples amenazas y reportar la presencia de personas extrañas indagando por su paradero en su residencia y otros lugares que frecuentaba. La familia del empresario también se encuentra en situación de riesgo. Al igual que los empleados que estuvieron secuestrados con él", agregó. 

El defensor de derechos humanos José Humberto Torres se pronunció sobre el caso afirmando que la privación de la libertad con fines extorsivos constituye un secuestro, y que las autoridades están en la obligación de actuar de inmediato. 

En redes sociales, también hizo un llamado directo al alcalde de Santa Marta, al comandante de la Policía Metropolitana y al director general de la Policía Nacional, señalando que la vida del empresario se encuentra en peligro y que no se puede seguir encubriendo a los responsables.

Sin embargo, las autoridades en Santa Marta, "empezando por el Alcalde, dijeron que el secuestro fue una reunión de socios y que no era un secuestro, revictimizando brutalmente a Augusto y a los cinco empleados secuestrados, convirtiéndose en cómplices directos y negando la realidad de las víctimas". 

"Así que mientras la Fiscalía guarda silencio sepulcral ante las pruebas y los audios con amenazas de muerte el Alcalde niega la realidad para proteger a los criminales", añadió.

"¿Para qué sirve un Estado que no protege a sus ciudadanos? ¿Para qué sirve una justicia que ignora las pruebas? ¿Para qué sirven las instituciones que abandonan a las víctimas? ¿Para qué se hace publicidad para que se denuncie el secuestro y la extorsión? Sí abundan a su suerte a quienes se atreven a denunciar", manifestó.

En ese sentido, lanzaron las siguientes exigencias:

1. Que la Fiscalía General de la Nación actúe inmediatamente sobre las denuncias presentadas y ordene las capturas correspondientes. Para que exista justicia, verdad y reparación y no repetición. Que trasladen con urgencia el caso a Bogotá porque en Santa Marta no va a prosperar.

2. Que se otorgue esquema de protección urgente para Augusto César Rico, su familia, empleados y testigos amenazados.

3. Que Booking.com y demás plataformas suspendan inmediatamente las cuentas fraudulentas de Unique Tayrona.

4. Que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad para las Víctimas, la OEA, el MAPP, ACNUR y organismos internacionales de derechos humanos intervengan ante la evidente omisión de las autoridades locales y la actuación de grupos paramilitares.

5. Que los medios de comunicación mantengan seguimiento constante a este caso para evitar que la impunidad triunfe.

"Este caso no puede quedar en la impunidad. Si el Estado colombiano no es capaz de proteger a un empresario legal que ha sido víctima de secuestro y extorsión con pruebas contundentes, ¿qué seguridad jurídica puede ofrecer a cualquier ciudadano?", señala el comunicado.

"La verdad debe salir a la luz. La justicia debe actuar. El terror no puede triunfar. Hacemos un llamado urgente a la solidaridad nacional e internacional, al sector turístico, a los medios de comunicación y a toda la ciudadanía para que exijan junto con nosotros que se haga justicia", añadió.