Tras aceptar la comisión de tres delitos en el entramado de corrupción de Centros Poblados, el empresario Emilio Tapia firmó un preacuerdo con la Fiscalía y, en caso de ser avalado, pagará una pena de seis años y tres meses de prisión. 

Tapia reconoció su culpabilidad por los delitos de peculado por apropiación, fraude procesal y falsedad en documento público, en el caso de Centros Poblados. 

“Sí, señor juez, me considero responsable, considerando y teniendo en cuenta todo lo explicado por la doctora Diana, en el entendido que los delitos se cometen por acción y omisión”, manifestó Emilio Tapia.

El acuerdo obliga a Tapia a devolverle al Estado $5.000 millones, de los cuales ya reintegró $2.500 millones, según se conoció en la audiencia de este jueves.

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Los otros $2.500 millones serán entregados a través de bienes ubicados en Medellín y Girardot.

El 18 de diciembre el juez del proceso decidirá si avala el preacuerdo entre la Fiscalía y Tapia, quien estuvo involucrado en el 'Carrusel de la contratación' en Bogotá, en el periodo como alcalde de Samuel Moreno.

Sobre el caso de Centros Poblados, la Contraloría profirió un fallo de responsabilidad fiscal por $87.027 millones, ante las irregularidades que se presentaron en la ejecución del contrato firmado en 2020.  

Según el órgano de control, se presentó un incumplimiento de la entrega total de equipos para la culminación del proyecto, situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado, asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia.