La Fiscalía General de la Nación judicializó a Mariana Vanessa Araos Borja y Alexander Suarez Burgos, quienes estarían involucrados en un esquema de captación ilegal mediante el cual se habrían recibido cerca de 200.000 millones de pesos de 8.000 ciudadanos, entre 2021 y 2024. 

La investigación liderada por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, da cuenta de que la captación habría comenzado en 2021 a través de una comercializadora y exportadora y, un año después, continuó mediante la conformación de una cooperativa. El modelo de negocio ofrecía dos modalidades. 

La primera consistía en la supuesta compra de plátano a productores de la región para comercializarlo en mercados nacionales e internacionales, a través de un intermediario que se encargaría de vender el producto a un comprador extranjero. 

La segunda promovía la vinculación de terceros como ‘asociados’ o ‘socios ocultos’, mediante contratos de cuentas en participación. A cambio de los aportes, se prometía una rentabilidad del 25 % cada 25 días hábiles, derivada de la comercialización del plátano.  

Los elementos materiales probatorios recopilados establecieron que cerca de 8.000 personas habrían entregado, en conjunto, aproximadamente 200.000 millones de pesos, sin recibir los rendimientos ofrecidos ni recuperar el dinero invertido. 

Entre los afectados estarían mujeres cabeza de familia, víctimas de desplazamiento, docentes rurales, campesinos y agricultores. Los recursos habrían sido captados principalmente en Turbo, Carepa, Apartadó, Medellín y Andes (Antioquia). También fueron identificadas personas afectadas en Valle del Cauca, Magdalena y Tolima, entre otros departamentos. 

Lea también: Asesinan a enfermero frente a su novia en el sector de Cachimbero, en Soledad

Una de las procesadas fue capturada el pasado 10 de julio en el aeropuerto internacional José María Córdova, mientras que el otro investigado se presentó voluntariamente ante las autoridades.

En audiencias realizadas por separado, jueces de control de garantías legalizaron los procedimientos. De acuerdo con su posible responsabilidad individual, una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos les imputó los delitos de captación masiva y habitual de dineros y no reintegro. Ninguno aceptó los cargos. 

Por decisión de los jueces de control de garantías, los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus respectivos lugares de residencia. 

*Con información de la Fiscalía General de la Nación.