El hermano de Daniel Quintero Calle, Miguel Quintero, fue cobijado con medida de aseguramiento en su domicilio por presunta corrupción en seis contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí (Antioquia).

El Juez se abstuvo de dictar medida contra Sebastián Ortega por los mismos hechos.

La Fiscalía imputó a Quintero Calle el 15 de septiembre por el direccionamiento de seis contratos por más de 17.657 millones de pesos, momentos en los que Daniel Quintero era alcalde de Medellín.

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Los delitos fueron interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

"Habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones de pesos, de acuerdo con las evidencias obtenidas por la Fiscalía General de la Nación. Los acuerdos, celebrados entre 2019 y 2023, tenían como propósito fortalecer las capacidades del organismo de socorro, apoyar acciones de reducción del riesgo de desastres y atención de emergencias, así como desarrollar actividades de formación bomberil y suministrar kits destinados a atender la emergencia sanitaria por el Covid-19", indicó la Fiscalía en su momento.

La contratación, según el ente acusador, se realizó de manera directa sin el cumplimiento de los requisitos legales.

"Además, puso al descubierto posibles sobrecostos en los kits para la pandemia y pagos correspondientes a servicios de transporte y recargas de celulares que no fueron prestados", añadió el ente acusador. 

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Según la Fiscalía, Quintero Calle,  quien sin ser servidor público, habría intervenido en el nombramiento de Juan David Palacio Cardona como director del Amva y de Álvaro Alonso Villada García como subdirector Administrativo y Financiero de la entidad, con el propósito de ejercer control sobre la contratación.

"Quintero Calle, habría ordenado a Palacio Cardona y Villada García direccionar los seis contratos en beneficio del gerente y representante legal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, Misael Alberto Cadavid Jaramillo, a cambio del 15 % de los recursos entregados", destacó la Fiscalía.