El magistrado Jorge Eliécer Mola Capera, quien hace parte de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, resultó destituido del cargo e inhabilitado por 10 años, por decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La decisión fue unánime y tuvo como ponente al magistrado Juan Carlos Granados.

El máximo ente disciplinario de la judicatura encontró a Mola Capera responsable de prevaricato por acción, en medio de su accionar en un proceso judicial por el control de la Universidad Metropolitana y el Hospital Metropolitano de Barranquilla.

La decisión señala que el togado tomó decisiones contrarias a la ley para favorecer los intereses de la familia Acosta, dijeron los magistrados, al escoger y resolver tutelas de manera ilegal. Esto por ahora es una decisión disciplinaria.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial determinó que el magistrado Mola Capera incurrió en falta gravísima a título de dolo, abusando de su cargo e incumpliendo los deberes de su investidura como magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla.

Destacan que en una de las irregularidades del magistrado del tribunal barranquillero, admitió una acción de tutela presentada por Eduardo Acosta Bendeck sin el lleno de los requisitos legales.

El proceso también probó que dicha tutela fue presentada diez veces con el propósito de que una de ellas cayera en el despacho de Mola Capera.

Se afirma con elementos materiales probatorios cómo el 20 de octubre de 2017, entre las 2:54 y 3:17 de la tarde, se hicieron 10 registros o intentos de registros de dicha tutela en el sistema de reparto.

Jorge Eliécer Mola Capera tiene en su contra otros 18 procesos penales por abusar de su cargo y por unos bienes que no ha podido explicar satisfactoriamente.

El patrimonio de Jorge Eliécer Mola Capera aumentó en 1.350 millones de pesos. 

Su esposa, que es ama de casa, registraba millonarios movimientos bancarios, una hija suya registra inversiones no justificadas por 37 millones de pesos a pesar de ser una estudiante sin ingresos conocidos, otro hijo de 23 años adquirió un inmueble sin tener ingresos declarados y realizó movimientos superiores a los 413 millones de pesos, reza en el expediente.

Además la Corte Suprema de Justicia lo procesa penalmente por diversos delitos.