El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, anunció en Medellín las capturas de 24 personas por los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico; usurpación de marcas o patentes, y concierto para delinquir, en un operativo simultáneo realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) en Antioquia e Ipiales (Nariño).

En desarrollo de la investigación se estableció la existencia de una organización delictiva dedicada a la fabricación, comercialización, importación y distribución de alimentos de la canasta familiar y productos de aseo, a los cuales les cambiaba la fecha de vencimiento, las tablas nutricionales y los registros sanitarios.

Entre los capturados están quienes al parecer fungían como importadores, fabricantes, encargados de los envíos de productos a Medellín, los responsables de reetiquetar, los encargados de la bodega de procesamiento y reempaque, así como los responsables del reciclaje y reenvase, y quien elaboraba las etiquetas.

De acuerdo con los últimos reportes de las audiencias, se legalizaron los allanamientos y se iniciaron las audiencias preliminares en Medellín para 22 detenidos, de los cuales 18 ya han sido imputados y 7 aceptaron cargos, mientras que en Ipiales la Fiscalía formuló imputación para los dos procesados restantes, a quienes se les definirá en las próximas horas la medida de aseguramiento.

La Fiscalía determinó que entre los productos que comercializaba, importaba y distribuía esta organización criminal había atún, sardinas, café, pasta, jugos, panela, leche en polvo, así como el gel, antiácidos efervescentes, talcos, pañales, crema dental, condones, champú, jabón y detergentes.

Más de 385 personas ─entre investigadores del CTI (185) así como uniformados del Ejército (150) y peritos de organizaciones (50) como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)─ participaron en uno de los operativos más grandes realizados por delitos de propiedad intelectual, en el cual se efectuaron 22 allanamientos.

Entre el material incautado, que tendrían un valor superior a los 20 mil millones de pesos, se encontraron aproximadamente 90 toneladas de productos reembasados y reetiquetados, documentación contable, maquinaria como compresores, molinos, pesas digitales, mezcladoras, impresoras, refiladoras, entre otros. Igualmente se logró el decomiso de etiquetas, tapas, suministros plásticos, tintas, disolventes, cuatro vehículos y un arma de fuego, que tendrían un

La investigación permitió recopilar material probatorio que evidenciaría una  modalidad delictiva transnacional que al parecer empleaba la organización, ya que se identificaron posibles vínculos en Manta y Tulcán (Ecuador), donde personas, algunas de nacionalidad colombiana, realizaban trámites de exportación hacia Colombia con aparente legalidad de productos como atún y sardinas, los cuales ingresaban por la frontera colombo-ecuatoriana.

Asimismo, se pudo determinar la realización de importaciones con documentación falsa utilizada en la nacionalización de la mercancía que llegaba a Ipiales, en donde era reetiquetada con marcas registradas en Colombia ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la que se le habría tramitado el correspondiente Registro Sanitario en el Invima.

La Fiscalía también cuenta con evidencia de que esta organización delictiva tendría recicladores en la ciudad de Medellín que la proveían de envases y tapas originales para reutilizarlos, por ejemplo con café y pasta de baja calidad, obtenidos en las plazas de mercado de Medellín e Itagüí, o el atún que se comercializaba en latas oxidadas, para venderlos posteriormente bajo el nombre de marcas conocidas.

La investigación fue adelantada por 3 (tres) fiscales ─ del eje temático de la de Protección de la Propiedad Intelectual, las telecomunicaciones, los bienes culturales de la nación y la moneda legal, de la Dirección de Fiscalías Nacionales.