Una alerta temprana emitió la Defensoría del Pueblo ante el aumento reciente de hechos de violencia y la ocurrencia de desplazamientos forzados en el municipio de El Roble, en el departamento de Sucre.

El escenario de riesgo comprende la cabecera urbana y, de manera prioritaria, los corregimientos del suroriente: Tierra Santa, El Sitio, Grillo Alegre, Palmital, Callejón y Patillal, limítrofes con los municipios sucreños de Galeras y San Benito Abad. 

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"Lo que está sucediendo se fundamenta en la posición estratégica del municipio dentro de la subregión La Sabana, que conecta las zonas del sur (San Jorge y La Mojana) con las salidas al mar por el Golfo de Morrosquillo. Esta ubicación ha convertido al territorio en un paso estratégico para economías ilegales; particularmente, para el tráfico de drogas y otras actividades criminales", indicó la Defensoría.

Asimismo alertó sobre la materialización de graves consecuencias humanitarias en el municipio. "Si bien el 2025 tuvo un periodo de relativa calma, se registraron cuatro homicidios y un atentado sicarial entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre. Una de las víctimas fue una mujer lideresa campesina del corregimiento El Sitio".

Estos hechos han provocado, según el censo elaborado por la Alcaldía de El Roble, el desplazamiento forzado de 67 familias del corregimiento Tierra Santa. 

La Defensoría advirtió indicios de subregistro por el temor de las comunidades a denunciar y a acudir a las instituciones.

La ATI señaló que aproximadamente el 90% de las familias que se desplazaron han retornado de manera voluntaria y sin el acompañamiento institucional de la ruta de atención para retornos, lo que incrementa los riesgos de revictimización, nuevos desplazamientos y posibles despojos o apropiaciones de bienes.

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En el municipio de El Roble ha sido identificada la presencia del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), también conocido como Clan del Golfo, tanto en zonas rurales como en la cabecera municipal.

En este contexto, "no se descarta la posible incursión de otros grupos armados ilegales interesados en disputar el control territorial, dada la importancia estratégica (geográfica) del municipio en las rutas del narcotráfico y otras economías ilícitas".

Grupos poblacionales en peligro y ausencia del Estado

La población civil enfrenta un temor generalizado que puede limitar la denuncia, afectar el ejercicio de liderazgos sociales y profundizar el subregistro.

"La situación es crítica para niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), pues están en riesgo de reclutamiento, vinculación, utilización y uso por parte de actores armados. Además, están en riesgo de instrumentalización para actividades asociadas al microtráfico, el cobro de extorsiones y el control social", explicó el Ministerio Público.

Mujeres, lideresas y líderes sociales, población víctima y retornada, comerciantes, servidoras y servidores públicos y personas contratistas que desarrollan labores en el municipio de El Roble también están en riesgo.

Adicionalmente, el desplazamiento y el retorno pueden derivar en afectaciones como la desescolarización. Las mujeres enfrentan riesgos específicos de violencias basadas en género (VBG) en contextos de control armado ilegal.

"A todo lo que está ocurriendo se suma una presencia institucional insuficiente en zonas rurales, incluida la capacidad de disuasión y respuesta de la fuerza pública, lo cual ha generado áreas de baja gobernabilidad que facilitan el accionar delictivo, como también han sido frenados procesos administrativos, como la restitución de tierras, por la falta de garantías de seguridad", cuestionó el ente defensor.

Por lo que ante este panorama de riesgo inminente, la Defensoría del Pueblo formuló 15 recomendaciones en su ATI 002 de 2026, todas dirigidas a autoridades nacionales y territoriales, que incluyen al Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Gobernación de Sucre y Alcaldía de El Roble. De igual manera, la entidad solicitó la puesta en marcha de acciones al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Unidad Nacional de Protección (UNP), Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), Procuraduría Regional de Sucre, entre otros entes.