El coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó este martes su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en la Costa Atlántica, por lo que se enfrenta a una sanción de entre cinco y ocho años de cárcel, informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Figueroa fue comandante del Batallón de Artillería La Popa, con sede en Valledupar, capital del departamento del Cesar, varios de cuyos antiguos integrantes están involucrados en asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios y premios de sus superiores, una práctica conocida como 'falsos positivos'.

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En un inicio, el excoronel rechazó los cargos formulados en su contra, que en caso de resultar culpable lo expondrían a una condena ordinaria de hasta 20 años de prisión, pero terminó reconociendo de manera tardía su responsabilidad, lo que le permite someterse al régimen de sanciones alternativas de la JEP, de entre cinco y ocho años de cárcel.

"Sí, honorable magistrado, acepto la responsabilidad", afirmó Figueroa, quien sostuvo que incurrió en omisión al no advertir que las operaciones militares que ordenó "a la luz de la Constitución Nacional y de las leyes de Colombia" fueron convertidas por sus subalternos en acciones criminales.

El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, acusado por la UIA, aceptó responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas en la Costa Caribe ante la Subsección 4 de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, conformada por las magistradas Reinerie Jaramillo y María… pic.twitter.com/Xq80sF4qnW

— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) January 27, 2026

Con este reconocimiento, el proceso seguirá la ruta prevista para el reconocimiento tardío de responsabilidad, que contempla la realización de una audiencia el próximo 24 de marzo y, posteriormente, la imposición de una condena.

Figueroa fue acusado en noviembre de 2023 por presunta responsabilidad de mando en 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, de las cuales 11 fueron víctimas de desaparición forzada y nueve de tortura, cuando se desempeñó como comandante del Batallón La Popa entre enero de 2004 y julio de 2005.

Según la investigación, la mayoría de las víctimas eran civiles, varias en condición de vulnerabilidad, entre ellas personas indígenas de los pueblos wiwa y kankuamo, que habrían sido estigmatizados por integrantes de esa unidad militar.

El coronel retirado Publio Hernán Mejía, también del Batallón La Popa, fue condenado en diciembre pasado a 20 años de prisión al hallarlo responsable de crímenes de guerra y de lesa humanidad por 72 casos de falsos positivos en los departamentos caribeños del Cesar y La Guajira.

EFE