El Consejo de Estado de Colombia condenó a la Nación a pagar una indemnización de casi 6.000 millones de pesos (unos 2,1 millones de dólares), a los familiares de 26 militares que fueron secuestrados y torturados tras un toma de las FARC en 1998 a la base militar de Miraflores en el departamento del Guaviare (sur).

El alto tribunal aseguró que hubo una clara y "desproporcionada" violación a los Derechos Humanos por parte de las FARC cuando fueron comprobados los testimonios de los secuestrados quienes advirtieron ser objeto de tratos inhumanos como "cuando les echaban vidrios en las comidas de los soldados", según reseñan medios locales.

El fallo agregó que los secuestrados "sufrían castigos los cuales consistían, entre otros, en dejarlos sin la posibilidad de bañarse por varios días o no se les suministraba los elementos de aseo personal".

Según testimonios de militares secuestrados, "físicamente fuimos torturados, nos amarraban con unas cabuyas (cuerdas) de los brazos y cuello a los árboles".

En otro de los testimonios del fallo se puede leer: "nos hicieron un campo de concentración que estaba hecho de alambre de púa, malla y madera".

Sin embargo, el Consejo de Estado además de responsabilizar a las las FARC por estos hechos, aseguró que se presentó una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas (Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares) ya que los policías que estaban en la base militar no tenían los elementos materiales para defenderse de un ataque guerrillero.

"En el debate jurídico se encontró que la mayoría de los fusiles y granadas que tenían los uniformados no funcionaban", agregó el fallo.

El Consejo de Estado afirmó que además de la indemnización a las familias, debe ordenarse la solicitud de que los miembros de las FARC expliquen los tratos crueles e inhumanos que recibieron estos uniformados durante su cautiverio.

En la toma de las FARC del 3 de agosto de 1998 murieron al menos 40 soldados y posteriormente fueron secuestrados más de 20.

El Consejo de Estado solicitó al Ministerio de Defensa de Colombia y a los altos mandos militares ofrecer excusas públicas, mientras que el Gobierno deberá incorporar a todos los afectados y sus familias en los registros de víctimas del conflicto del país para que se acrediten como beneficiarios si a bien lo tienen.

De igual manera se exhortó al presidente Juan Manuel Santos a que realice las acciones pertinentes para que transmita a los máximos jefes de las FARC que deben ofrecer las disculpas públicas y explicar sus actuaciones contra los soldados que estuvieron secuestrados.

El Gobierno colombiano y las FARC negocian desde hace más de tres años, en La Habana, un proceso de paz que busca ponerle fin al conflicto armado que afecta al país desde hace más de medio siglo.

EFE