Los drones explosivos entraron con fuerza en el conflicto armado en Colombia y están haciendo de los civiles sus mayores víctimas, con cerca de 1.000 personas que resultaron heridas en 2025 por estos aparatos, reveló en una entrevista con EFE el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois.

"Lo que vemos es realmente un cambio, un aumento gradual y una diversificación del uso de drones. Colombia no es un país aislado a este desarrollo y esto está cambiando un poco las dinámicas del conflicto, por los efectos sobre la población civil y su capacidad para adaptarse porque es algo nuevo", comentó.

A ese respecto, recordó que Colombia es un país que sufre un conflicto por más de sesenta años, lo que implica que ha desarrollado sus propias formas de "resiliencia, de supervivencia y de buscar soluciones", pero la entrada de este nuevo tipo de armamento ha perturbado esa adaptación.

Los drones, de producción industrial o artesanal, se han convertido en un tipo de arma cada vez más presentes en situaciones bélicas, con la guerra entre Ucrania y Rusia como el escenario más extremo y que resuena a nivel internacional.

Impacto múltiple de los drones 

"Este tipo de artefacto tiene, más allá de los heridos, un impacto bastante importante sobre la población civil porque tiene un efecto psicológico, la impresión de estar en cualquier momento en una zona poco segura", explicó Dubois, quien cuenta con más de 23 años de experiencia humanitaria en el terreno, una buena parte de ésta en Latinoamérica.

Muchas familias en zonas donde hay enfrentamientos armados o se utiliza este armamento volador pueden confinarse incluso por días para resguardarse, lo que limita su acceso a servicios vitales, agua o alimentos.

El departamento del Guaviare es uno de los lugares donde el CICR considera "invisibilizado" en el contexto del conflicto, a pesar que solo allí 16.000 personas sufrieron confinamiento el año pasado.

Diez años después del Acuerdo de Paz

En 2016 se pensó que el acuerdo de paz que se firmaba aportaría la paz, pero tras unos primeros años en los que hubo cierta reducción de la violencia el conflicto armado nuevamente se intensificó.

"Lo que hemos visto en Colombia en los últimos años es una fragmentación y una mayor complejidad de los conflictos (entre distintas partes), más actores armados con frentes más pequeños", comenta el delegado humanitario.

En ese contexto, el CICR cumple una misión única y es la de mantener el diálogo y "cercanía" tanto con la población como con los diversos actores armados activos, en un esfuerzo por hacerles entender que en un conflicto hay reglas a respetar, en particular las que protegen a los civiles y sus infraestructuras.

"En 2025 mantuvimos 500 diálogos, encuentros con actores armados en el terreno, en los que les explicamos que si usan drones y los hacen salir, por ejemplo, desde la cancha de fútbol de un colegio eso pone en riesgo a los muchachos. Es un diálogo muy práctico que puede tener impacto en el mejor cumplimiento del derecho humanitario internacional", afirma.

Recortes de fondos 

El CICR ha sufrido recortes presupuestarios que han afectado sus operaciones en todo el mundo, también en Colombia, donde este año cuenta con un 30 % menos de financiación que en 2025.

Si bien esto afecta su capacidad de estar "en todos lados", Dubois sostiene que se ha dado prioridad a la presencia territorial de la organización y mantener así "la red de contactos" -sea en las comunidades como entre los actores armados- que luego le facilitan cumplir con su misión.

Con menos dinero, la delegación del CICR en Colombia ha tenido, en cambio, que sacrificar su capacidad de sostener proyectos a largo plazo.

"Estamos en capacidad, lo hemos hecho durante este año, de responder y dar ayuda rápida, pero no podemos sostener a más largo plazo", reconoció.

A la pregunta de cuáles deberían ser las prioridades humanitarias del próximo gobierno que tenga Colombia, el delegado del CICR mencionó "el cuidado" de la población y el respeto de los servicios sanitarios y educativos.

Asimismo, las autoridades deben garantizar "que las fuerzas de seguridad siguen respetando el derecho internacional y humanitario" en sus actuaciones.

"El Colombia, como en otras partes del mundo, el respeto del derecho internacional es el primer paso para llegar a la paz", concluyó.

EFE