En Colombia hay 10 departamentos con zonas críticas en seguridad y control estatal, entre los cuales se encuentra Bolívar con la Serranía de San Lucas y la región sur.

Este es el único territorio de la Costa incluida en esta lista, que surgió después de un ejercicio de diagnóstico de la Fuerza Pública. 

Los restantes departamentos son Arauca (Sarare y Puerto Rondón), Guaviare (Trocha Ganadera y río Inírida), Caquetá (El Pato-Balsillas y Bajo Caguán), Putumayo (Medio Putumayo), Nariño (Pacífico nariñense y río Mataje), Antioquia (Norte y Nordeste), Chocó (Atrato y San Juan), Cauca (cañón del Micay y región norte) y Norte de Santander (Catatumbo). 

Según Gerson Arias, investigador asociado de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), "estas zonas críticas reflejan la expansión y la consolidación de formas de gobernanza criminal por parte de grupos armados". 

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"Han creado nuevas estructuras, reactivado corredores de movilidad, incorporado el uso de drones y aumentado el control sobre las comunidades mediante reclutamiento, amenazas, confinamiento, asesinatos y desplazamientos", agregó Arias.

Estas 10 regiones críticas agrupan 40 municipios que comparten varias características: son territorios en disputa entre grupos armados, estratégicos para economías ilegales - como la minería ilícita, los cultivos de coca y el tráfico de drogas - y con una presencia institucional frágil. 

Estás dinámicas de violencia generan, además, altos impactos humanitarios. 

Para la FIP hay especial atención en lo que pasa en Nariño, Putumayo, Arauca y Norte de Santander, que son zonas de frontera con Ecuador y Venezuela. 

Lo que ocurre en estas regiones evidencia la dimensión transnacional del crimen organizado y las debilidades de la estrategia de seguridad en áreas limítrofes. 

En todos los municipios bajo alerta operan grupos armados con los que el gobierno de Gustavo Petro ha adelantado o intentado negociaciones en el marco de la apuesta de ‘Paz total’. Este escenario de crisis, explica la FIP, sugiere una desconexión inicial entre la política de paz y la estrategia de seguridad y, sobre todo, pone en evidencia limitaciones en la visión, el método y la capacidad de implementación de la 'Paz total'. 

Asimismo, la situación en zonas como la Trocha Ganadera (Guaviare) es, en parte, resultado de la fragmentación de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá Córdoba’, asociada a deficiencias en la gestión de la negociación de paz.

Señaló la FIP que hay vacíos en las orientaciones operacionales para intervenir en estos territorios, por lo que sugirió que cualquier intervención debe ser "cuidadosamente planeada". 

"Para la Fuerza Pública, estas deben ser las prioridades, mientras que otras instituciones encargadas del orden público pueden concentrarse en territorios donde el principal reto es la investigación y la detección de conductas criminales", manifestó el investigador.

Por otra parte, consideró que es crucial hacer seguimiento a zonas de dominio o hegemonía criminal, donde los grupos armados ejercen formas de violencia menos visibles o subregistradas.

Hizo mención de los departamentos de Córdoba y Sucre, que presentan una alta influencia de organizaciones criminales, con liderazgos sociales intimidados y amenazados, una situación que también se observa en Cauca, Nariño y Catatumbo.