Por José Granados Fernández
Twitter @JoseGranadosF

Un entramado de presuntas actuaciones ilegales, vulneraciones y maniobras extrañas para lograr la libertad de Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’, presunto cabecilla de 'Los Pachenca' imputado por el homicidio del ambientalista Alejandro Llinás Suárez, quedó al descubierto tras la orden de captura que en su contra profirió en Barranquilla la jueza Shiela Ortega Téllez.

En la audiencia llevada a cabo el pasado viernes en la tarde, Ortega Téllez anuló la decisión del juez José Sastoque Fernández De Castro por haber “vulnerado el debido proceso”; compulsó copia de su caso a la Corte Suprema y concluyó que la Fiscalía y la Procuraduría pueden abrir las “investigaciones a que haya lugar” si “advierten” alguna conducta del funcionario judicial que se pueda “encuadrar en un delito o una falta disciplinaria”.

Alejandro Llinás fue asesinado el 23 de abril de 2020 en la finca Pura Natura, en Calabazo Alto, Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los territorios donde Los Pachenca extorsionan, trafican con drogas y han cometido homicidios selectivos, de acuerdo con el dossier abierto por la Fiscalía General.

Las investigaciones del ente acusador indican que ‘Pinocho’, exparamilitar del bloque Resistencia Tayrona que en 2008 fue capturado y extraditado a Estados Unidos por narcotráfico, habría ordenado matarlo por denuncias que estaba haciendo sobre afectaciones medioambientales.

“El homicidio estaría relacionado con la férrea defensa que hacía la víctima de las áreas protegidas en la Sierra Nevada de Santa Marta y el parque Tayrona”, dijo en su momento la Fiscalía en un comunicado sobre la investigación en curso.

Cuando le seguían el rastro, Castillo Carrillo huyó a México en agosto de 2021. Después viajó a Madrid, España, de donde fue extraditado, en abril pasado, a petición de la Interpol en cumplimiento de la orden de captura internacional que pesaba en su contra por el crimen del ambientalista.

Plan jurídico para liberarlo

Tras legalizar su captura y la imputación que le formuló la Fiscalía por los delitos de “homicidio agravado y concierto para delinquir”, el 29 de abril el Juez Primero Penal Municipal con funciones de Control de Garantía de Santa Marta lo encarceló en la Penitenciaría del Bosque de Barranquilla.

Entonces su defensa puso en marcha un plan para que revocaran esta decisión y lo dejaran en libertad.

De acuerdo con lo informado en la audiencia por la juez Ortega Téllez, el 16 de mayo los defensores de Freddy Castillo presentaron en Riohacha la primera solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento intramural. El Juez Penal Municipal con funciones de Control de Garantía les respondió que no era de su competencia, argumentó que quien debía conocer el proceso era su homólogo de Santa Marta y ordenó, como lo establecen normas legales, remitir el expediente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que esta tomara una decisión.

Extrañamente, la defensa de ‘Pinocho’ desistió de solicitar la revocatoria.

Después presentaron el caso en Santa Marta, el cual iba a ser resuelto el 10 de julio, pero ante la posibilidad de que Castillo siguiera preso decidieron radicar en Barranquilla la solicitud.

El 26 de mayo los abogados presentaron la revocatoria en el Centro de Servicio Judiciales de esta capital. El reparto se hizo el 29 de junio y le correspondió al Juzgado Penal Municipal con funciones de Control de Garantía ambulante, a cargo de José Sastoque.

En esa audiencia, la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas le plantearon a Sastoque que él no era competente para conocer de fondo el asunto, pues debía ser resuelto por un juez de la jurisdicción donde sucedió el homicidio; la defensa de ‘Pinocho’ argumentó que el juez de Barranquilla sí podía tomar una decisión.

Sastoque acogió la tesis de la defensa del imputado y rechazó la petición de la Fiscalía y la Procuraduría por considerarlas “manifiestamente improcedentes” y le dio la palabra a la defensa que sustentó su solicitud de revocar la medida de aseguramiento. Acto seguido, ordenó liberar al presunto homicida.

Fiscalía, Procuraduría y las víctimas apelaron la decisión. De manera unánime dijeron que “había una violación al debido proceso” porque el juez José Sastoque no remitió a la Sala Penal de la Corte Suprema el expediente para que definiera la competencia que había sido impugnada.

Vulneró el debido proceso

Al resolver la apelación, la jueza Shiela Ortega les acaba de dar la razón: concluyó, con base en lo que dicen los artículos 54 y 341 de la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal, que el juez José Sastoque Fernández De Castro “a las claras (…) vulneró el debido proceso” al no aceptar la impugnación y actuó “en contravía” de normas legales.

A la jueza Ortega Téllez le llamó la atención que para resolver si era competente o no, Sastoque declaró un receso de 1 hora y 23 minutos y después durante casi 2 horas expuso sus argumentos para no aceptar lo que le decían la Fiscalía, la Procuraduría y las víctimas.  Al corregir lo que llamó “yerros” del juez, expresó que la petición que le habían hecho sobre su falta de competencia no era “ni improcedente ni impertinente” como él las calificó para tomar la decisión de liberar al señalado cabecilla de Los Pachenca.

Para no remitir el proceso a la Sala Penal de la Corte, el juez Sastoque dijo, entre otros argumentos, que el encarcelado Freddy Castillo tendría que esperar un largo tiempo para que la Corte se pronunciara, empero la jueza Ortega Téllez recordó que cuando se trata de definir quién es el competente para asumir un proceso como este, el tribunal judicial debe hacerlo en máximo 3 días.

Expresó la jueza que la defensa de ‘Pinocho’ era la responsable de que no se hubiese tomado una decisión sobre la revocatoria de su libertad porque había acudido a “maniobras” como la de presentar la petición y retirarla para evitar que la Corte decidiera quién debía estudiar el caso.

Por violar normas legales, la jueza anuló la decisión de Sastoque de liberar a Freddy Castillo y ordenó capturarlo para que desde la cárcel siga respondiendo en la investigación por el crimen del ambientalista Alejandro Llinás.

Antes de finalizar la audiencia, Shiela Ortega anunció, también, que compulsará copia ante la Sala Penal de la Corte y expresó que tanto la Fiscalía como la Procuraduría pueden abrir las investigaciones a las que haya lugar.

A pesar de que fue notificada de la audiencia citada por la jueza Ortega, la defensa de Freddy Castillo no estuvo presente.

En su momento, cuando conoció la orden de liberar a Freddy Castillo, la Procuradora General, Margarita Cabello, dijo durante una jornada de trabajo en Barranquilla que esa decisión dejaba un “sinsabor de impunidad”.

Cabe preguntar, además, si por casos como el de alias ‘Pinocho’ fue que una magistrada seccional de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dijo que “Atlántico es el Disney de los estrados judiciales: aquí tus sueños se hacen realidad”, pues “todo lo que no se pueda en el resto del país se puede conseguir en el Atlántico”, como lo recordó en entrevista con El Heraldo la magistrada Magda Acosta, presidenta de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al hablar de la corrupción judicial.