El exministro del Interior Luis Fernando Velasco se entregó en la noche del jueves a las autoridades, después de que una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Velasco se presentó en la sede del Inpec en Cali.

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La medida decretada por el Tribunal Superior de Bogotá está relacionada con su posible participación en el direccionamiento irregular de contratos.

La orden también cobija al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien siguió la audiencia de manera presencial en las instalaciones de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, en el occidente de Bogotá. Hasta allí llegaron miembros del CTI y de la Policía Judicial para proceder con su detención.  

Exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla fue capturado en plena sala de audiencias del Tribunal Superior de Bogotá pic.twitter.com/GWN5BwHV3B

— Rafael Pérez-Becerra (@rafaelperezb) December 19, 2025

Los exfuncionarios son señalados de convocar y asistir a reuniones, dar órdenes y realizar seguimiento para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran asignados a determinados congresistas, y así garantizar su voto y respaldo a diferentes iniciativas y reformas gubernamentales que estaban en estudio en el Legislativo.

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El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia a cargo de esta macroinvestigación conoció tres momentos en los que se habrían configurado las actuaciones ilícitas.

"Inicialmente, entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron indebidamente en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd), los cuales ascendían en valor a 612.237 millones de pesos. 7 se concretaron y fueron orientados de acuerdo con sus intereses", explicó la Fiscalía. 

Luego, entre septiembre y diciembre de 2023, "intercedieron en tres contratos de Ungrd que tenían como objeto la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar) por valor de 86.619 millones pesos. Las evidencias indican que estos negocios no alcanzaron a ser direccionados, pero los congresistas a beneficiar deliberaron y aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional".

Finalmente, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, "Bonilla González y Velasco Chaves habrían mediado de manera ilegal para que un contrato de la Ungrd que se ejecutaría en Sahagún (Córdoba), que ascendía a 35.000 millones de pesos, fuera entregado a personas a fines de un congresista de la Comisión Primera del Senado, situación que no se materializó", reseñó el ente acusador.

Por todo lo anterior, la Fiscalía imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los cargos no fueron aceptados.