Durante las jornadas de verificación humanitaria en Caldas, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desabastecimiento de medicamentos esenciales para pacientes de salud mental y los daños en viviendas e infraestructura pública, especialmente en las zonas rurales, tras el terremoto del pasado 10 de agosto. 

La entidad alertó que la interrupción en el suministro de fármacos como risperidona, quetiapina y escitalopram en albergues temporales y Centros de Larga Estancia para Personas Mayores representa un riesgo inminente para la estabilidad física y emocional de personas en condición de especial vulnerabilidad.

Por ello, instó a las EPS e IPS a adoptar medidas inmediatas para garantizar la entrega oportuna de medicamentos, tratamientos, así como eliminar cualquier barrera administrativa que impida el acceso a los servicios de salud.

Los recorridos también permitieron identificar que las mayores afectaciones se concentran en las zonas rurales del departamento, donde numerosas familias enfrentan daños en sus viviendas y medios de subsistencia.

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Asimismo, identificaron afectaciones en infraestructura estratégica para la atención de la emergencia, como centros hospitalarios, sedes administrativas, estaciones de Policía y organismos de socorro, lo que limita la capacidad de respuesta institucional frente a la contingencia.

Ante esta situación, la Defensoría pidió a los gobiernos departamental y nacional acelerar la asignación de recursos y la ejecución de intervenciones prioritarias definidas en el Puesto de Mando Unificado (PMU).

Como respuesta inmediata a la emergencia sanitaria detectada, la entidad articuló esfuerzos con asociaciones médicas de Caldas para gestionar la donación y entrega directa de medicamentos e insumos destinados a pacientes con necesidades prioritarias de atención psiquiátrica y salud mental en los albergues habilitados. Con esta acción se busca prevenir la interrupción de tratamientos y mitigar los riesgos asociados a la falta de acceso a medicamentos especializados.

De manera paralela, la Defensoría del Pueblo mantiene el seguimiento a la consolidación de los censos oficiales de personas afectadas y a la evaluación de las condiciones de habitabilidad en los territorios.

La entidad también verifica que la ayuda humanitaria llegue de manera oportuna, suficiente y con enfoque diferencial a las comunidades campesinas, personas mayores y demás grupos en situación de vulnerabilidad afectados por la emergencia.