El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo.
El exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo.
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Además de cárcel, Caicedo deberá pagar una multa de más de $2 mil millones y fue inhabilitado para cargos públicos

 La inhabilidad es también por 9 años y 9 meses, el mismo tiempo de la sentencia condenatoria.

Además de la condena de 9 años y 9 meses de prisión, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado, el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, deberá pagar una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014, es decir, más de $2 mil millones.

Al exmandatario también le impusieron la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 9 años y 9 meses.

La Fiscalía demostró en juicio que el entonces alcalde intervino en la estructuración de un contrato del 20 de agosto de 2014, suscrito entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una sociedad privada para el mantenimiento y adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, por 6.532 millones de pesos. 

En su condición de presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que no existían estudios previos, licencias demolición, conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y el proyecto no estaba incluido en el plan anual de adquisiciones de la entidad. Las licencias fueron expedidas tres años después del inicio de las obras. 

Las irregularidades ocasionaron la suspensión de los servicios en varios centros de salud, lo que obligó a trasladar la atención a inmuebles arrendados y sedes de juntas de acción comunal. Además, las obras permanecieron inconclusas hasta la liquidación del contrato, en julio de 2016, y el centro de salud de Mamatoco aún no ha sido terminado. 

Las pruebas presentadas por la Fiscalía acreditaron un detrimento patrimonial superior a 5.040 millones de pesos. Aunque al contratista se le giraron 4.408 millones de pesos, las obras ejecutadas alcanzaban un valor aproximado de 1.570 millones de pesos. 

Esta sentencia es de primera instancia y frente a ella proceden los recursos de ley. 

*Con información de Fiscalía General de la Nación

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