Un año después del ataque terrorista al aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta (Norte de Santander), que dejó a los técnicos antiexplosivos de la Policía Nacional muertos, los intendentes William Bareño Ardila y David Reyes Jiménez, se conoció la primera condena contra uno de los participantes en este hecho. 

"Una juez penal especializada de Cúcuta condenó a 28 años y 2 meses de prisión a Diego Alejandro Carrascal Benítez, y lo declaró responsable de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravados; terrorismo; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. Ante la contundencia del material de prueba obtenido, esta persona, mediante preacuerdo, aceptó su participación en los hechos y ha contribuido a su esclarecimiento", indicó la Fiscalía. 

La investigación, dirigida por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, estableció que Carrascal Benítez recibió en su cuenta bancaria los dineros que las disidencias del frente 33 de las FARC enviaron para financiar el atentado y cubrir todos los aspectos logísticos, como compra de celulares, pagos de arriendos y otros conceptos.

Asimismo, determinó que hizo parte del grupo que, 10 días antes del ataque, viajó de Medellín a Cúcuta y se hospedó en viviendas aledañas al aeropuerto, con el propósito de hacer inteligencia delictiva.

"La madrugada del 14 de diciembre de 2021, este hombre, en compañía de una mujer, trasladó en maletines dos artefactos explosivos y los entregó a las personas que se encargaron de entrarlos a zona restringida de la terminal aérea. Una de las cargas se activó en la espalda de uno de los señalados involucrados, causándole la muerte; la otra fue abandonada y detonada tan pronto los técnicos antiexplosivos llegaron al lugar a atender el evento", precisó el ente acusador. 

El fallo en contra de Diego Alejandro Carrascal Benítez definió que deberá cumplir la pena en centro carcelario y pagar una multa de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.