La creciente ola de violencia que azota a Barranquilla y su área metropolitana en lo corrido de 2025 deja un balance preocupante para la comunidad. 

22 adolescentes han sido asesinados y 216 han sido aprehendidos por sus presuntas participaciones en diferentes delitos.

La confrontación entre las bandas criminales ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’, que se disputan el control del microtráfico de estupefacientes y las redes de extorsión, ha incrementado el riesgo para la población más joven.

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Muchos de estos menores han quedado en medio de atentados, tiroteos por “ajustes de cuentas”, balas perdidas o han sido instrumentalizados para delinquir.

Según cifras conocidas por Zona Cero, durante los primeros seis meses de 2025, la Policía Metropolitana de Barranquilla logró la aprehensión de 216 menores de edad, implicados en diferentes hechos delictivos.

Estas cifras muestran que el porte ilegal de armas de fuego es el delito más común entre los adolescentes con 64 aprehensiones, representando el 30 % del total.

Le siguen el delito de hurto a personas con 48 casos (22 %); lesiones personales: 17 casos (8 %); tráfico, fabricación o porte de estupefacientes: 13 casos (6 %); homicidio: 12 casos (6 %); extorsión: 11 casos (5 %); hurto a entidades comerciales: 8 casos (4 %); y hurto de motocicletas: 7 casos (3 %).

Las estadísticas confirman una preocupante tendencia en la que los menores no solo son víctimas, sino también protagonistas de hechos violentos en la capital del Atlántico y sus municipios del área metropolitana.

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Reclutamiento y vulnerabilidad

Según el experto en seguridad Arturo García Medrano, el tema del reclutamiento de menores no es nuevo, pues data desde el año 2010, cuando los grupos delincuenciales de la época instrumentalizaban a los adolescentes con fines delictivos. 

“Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia han tenido las características propias del reclutamiento de menores. Y esto se basa en que desde el año 2010, aproximadamente, en medio de la total ineficacia de las autoridades administrativas, las redes sociales habían sido constituidas como el instrumento y la herramienta de diferentes grupos para coordinar y convocar citas en espacios públicos durante los días sábados, transformando los sitios en lo que se llamaron (patios ilegales) y posteriormente llamadas (piscinas ilegales)”, indicó Arturo en diálogo con Zona Cero.  

Las llamadas "piscinas ilegales" y "patios ilegales" fueron, según Arturo García, el punto de partida de estas estructuras juveniles: espacios clandestinos donde menores se agrupaban cada fin de semana, desde donde eran seducidos por redes delictivas.

Precisó que los encuentros se realizaron en sitios públicos como los parques Esthercita Forero en la carrera 43 con calle 74, la Plaza de La Paz, el Parque Suri Salcedo, el Parque de las Nieves y otros espacios públicos en varias de las localidades críticas de Barranquilla y en el municipio de Soledad.

“La instrumentalización de menores es un proceso muy complejo que lamentablemente no ha sido estudiado a fondo, ni tenido en cuenta frente a las denuncias que en su momento se hicieron. Y es la explicación de por qué se dio el fortalecimiento de algunas estructuras que pasaron a ser después grupos de violencia criminal que son los que han facilitado que hoy tengamos cifras exponenciales y lamentables de asesinatos de menores de edad en su condición, de actores pasivos o activos dentro de esta situación de violencia que estamos viviendo al menos en los últimos cinco años”, indicó Arturo.

El experto en seguridad aseguró que para las bandas delincuenciales es fácil reclutar menores para sus organizaciones, pues es “más rápida frente a los ofrecimientos que se hacen”. 

“Llegan a comunidades de necesidades insatisfechas, donde hay muchachos que a pesar de estar en una actividad escolarizada, de estar cursando una primaria o un bachillerato, prefieren abandonar esto porque encuentran el llamado y el jalonamiento de recibir un dinero que no lo ven trabajando con esfuerzo. Entonces los adolescentes y niños han visto que reciben 50 o 100 mil pesos por llevar un papel de amenaza a un comerciante”.

Señaló que los adolescentes son utilizados como mensajeros de amenazas, transportadores de armas o droga, y en algunos casos, como autores materiales de asesinatos. 

“El reclutamiento se facilita donde no hay oportunidades y donde fallan las políticas públicas preventivas”, aseguró. 

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“Desde 2015 alertamos sobre la presencia de al menos 280 grupos de menores, entre ellos 96 identificados como ‘combos’ y otros como ‘tribus urbanas’, un escalón hacia el crimen organizado. Hoy muchos de esos adolescentes ya son líderes criminales”, advirtió.

Señaló que organismos como la Policía, Fiscalía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no han intervenido oportunamente ni han generado acciones preventivas efectivas. 

“Aún persisten las piscinas clandestinas, la captación por redes sociales y la falta de políticas sociales estructuradas”, advirtió el experto.

De acuerdo a lo expuesto por García, Barranquilla y su área metropolitana viven las consecuencias de más de una década de omisión institucional frente al reclutamiento de menores. 

Las bandas siguen viendo en los adolescentes una “semilla fácil” para el crimen, y mientras no se refuercen las medidas de intervención social y educativa, las cifras de niños asesinados o judicializados seguirán creciendo.