La Contraloría General de la República determinó hallazgos fiscales en los vuelos que realizó la polémica funcionaria, Juliana Guerrero, cuando trabajaba en el Ministerio del Interior.

Los vuelos realizados los días 19, 20 y 21 de junio, desde Bogotá a Valledupar y después un retorno a la capital del país, costaron al menos $213 millones, en el gasto de combustible.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, afirmó este martes que se "obró por fuera de lo previsto".

Para el ente de control, ocurrió un "menoscabo al presupuesto público" y "un daño patrimonial al Estado".

De hecho, la Contraloría estableció que hubo una "gestión fiscal ineficaz, ineficiente y antieconómica" por parte del Ministerio del Interior.

"Al haberse solicitado apoyo aéreo en el marco del convenio para unos vuelos cuya finalidad no resulta consecuente con la misionalidad ni las funciones del Ministerio".

Juliana Guerrero usó la aeronave para asistir al Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, fue la primera polémica que la puso en el radar del cuestionamiento público.

Para la Contraloría, esta actividad era "ajena a la misionalidad del Ministerio del Interior".

"Los hechos evidencian que, si bien existió autorización ministerial, el objeto del viaje no se enmarca dentro de la misionalidad institucional, por cuanto la asistencia a un órgano directivo de una universidad pública corresponde a funciones diferentes a las propias del Ministerio del Interior", indicó la Contraloría.