La Defensoría del Pueblo exigió medidas urgentes por parte de las autoridades ante el incremento de la violencia en Barranquilla y su área metropolitana.

El Ministerio Publico aseguró que es prioridad salvaguardar la vida de la población.

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Reseñó que en el último fin de semana de junio se registraron 25 homicidios en Barranquilla, producto al parecer de la disputa por el control territorial entre ‘Los Pepes’, ‘Los Costeños’ y una fracción de este grupo criminal llamada ‘Los del Freseo’ o ‘La Nueva Generación’.

“Se requieren medidas urgentes al respecto por parte de las autoridades locales, especialmente de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y de la Fuerza Pública, pues esta situación habría generado varias situaciones delicadas que requieren atención, como el cierre sostenido del comercio en zonas estratégicas de la ciudad, particularmente en el Centro y en barrios del suroriente y suroccidente”, afirmó la Defensoría

Asimismo, a esta situación, dijo la Defensoría, se denunció la circulación de panfletos y videos amenazantes, restricciones a la movilidad y hostigamientos que “han afectado gravemente la vida cotidiana y la actividad económica”.

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Señaló que la Alerta Temprana 022 de 2023 ya había analizado estas dinámicas de violencia en Barranquilla y su área metropolitana, con un aumento de los homicidios; el uso e instrumentalización de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales y feminicidios.

De igual manera, se documentaron “homicidios de motocarristas y restricciones a su circulación; desapariciones de jóvenes; amenazas y homicidios contra liderazgos sociales, especialmente comunales; así como extorsiones, desplazamientos y otras violencias que afectan gravemente el tejido social”.

La Defensoría pidió a los grupos criminales excluir a las poblaciones de sus acciones violentas y evitar las amenazas u otro tipo de prácticas que afecten a los derechos humanos.

Por su parte, a las alcaldías distrital y municipales, les pidió adoptar medidas “urgentes, sostenidas, verificables y articuladas” orientadas a la protección de la vida, la integridad y los demás derechos de la población.

“Las autoridades territoriales competentes deben fortalecer la coordinación institucional y avanzar en la estructuración de un plan integral de mitigación frente a la situación de violencia que enfrenta el departamento del Atlántico”, puntualizó el Ministerio Público.