A un año de la intervención de Air-e, los gremios del Atlántico, Magdalena y La Guajira interpusieron una acción de cumplimiento para exigir que la Superintendencia de Servicios Públicos y los Ministerios de Hacienda y Minas y Energía inyecten recursos urgentes a la empresa.

La medida busca garantizar el servicio de energía para más de 1.3 millones de usuarios y evitar un inminente colapso del sistema eléctrico nacional.

Lea aquí: Procurador destaca intención de Char y Verano de comprar a Air-e y operar el servicio

La Veeduría Ciudadana Proceso Toma de Posesión de Air-e, conformada por importantes gremios y cámaras de comercio de la región, advirtió que la situación financiera de la empresa es crítica, con una deuda que se ha triplicado bajo la intervención, alcanzando los $3.6 billones de pesos.

Un año de fallas y falta de gestión

Según la Veeduría, el primer año de administración de Air-e por parte del Gobierno ha sido deficiente. La falta de un plan de intervención claro, la parálisis de las inversiones y la inestabilidad institucional —con cuatro agentes interventores en un año— han comprometido la calidad del servicio y han generado una amenaza de apagón en la región.

En la demanda, instaurada ante el Tribunal Administrativo del Atlántico, se advirtió que "la acción de cumplimiento es procedente porque los recursos pueden conseguirse mediante constitución de garantías y créditos de la Nación, instrumentos de financiamiento destinados a asegurar la continuidad de un servicio público esencial, y que no implican un gasto presupuestal no previsto".

También: Char y Verano buscarían comprar a Air-e y operar el servicio de energía en Atlántico

Los usuarios, los más afectados

La crisis financiera de Air-e podría tener un impacto directo en el bolsillo de los usuarios. La Veeduría alerta que la empresa, al no tener contratos de energía a largo plazo, podría verse obligada a comprar el 70% de la energía en la bolsa a precios más altos, lo que se traduciría en un incremento en la tarifa del servicio.

Para la Veeduría, todas estas deficiencias demuestran la falta de responsabilidad del Gobierno en la gestión de la empresa.

Además de la acción de cumplimiento, el grupo presentó una tutela ante el Consejo de Estado para acceder a la información que les ha sido negada por las autoridades nacionales.