La Contraloría le puso la lupa ala contratación de los brazaletes electrónicos del Inpec, a cargo de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) 

Según el ente de control,  Uspec debe pagar una suma diaria por los dispositivos efectivamente recibidos y con capacidad de generación de señal, sin importar si han sido instalados a los destinatarios, lo que en solo tres meses causó pagos por $2.152,6 millones, que pueden considerarse daño patrimonial por consistir en un servicio que no se está percibiendo.   
 
"El actual sistema solo cubre a un porcentaje aproximado del 2.9% del total de la población con medida privativa de la libertad a cargo del Inpec", señaló la Contraloría.

Explicaron que "a pesar que la Ley 1709 de 2014 ordena que el costo del Sistema de Vigilancia Electrónica sea sufragado por los beneficiarios de la medida, el Gobierno Nacional no ha expedido la tarifa correspondiente, luego de 4 años de vigencia de la norma".
 
"La capacidad operativa del INPEC para efectuar monitoreo y seguimiento a las alarmas generadas por el sistema de Vigilancia Electrónica es mínimo, debido a la insuficiente disponibilidad de personal de custodia y vigilancia para realizar verificaciones de campo", advierte el ente de control.

 Para la Contraloría,  después de la selección del prestador del servicio de vigilancia electrónica, escogido en proceso de subasta en la Bolsa Mercantil de Colombia, en el que modificaron las condiciones de prestación de servicio y la forma de pago, atenta contra los intereses patrimoniales del Estado.
 
"Antes la Uspec sólo tenía la obligación de pagar una vez el dispositivo de vigilancia se encontrará instalado en la humanidad del beneficiario, mientras ahora el pago se genera a partir del sexto día de entregados los dispositivos a la entidad, sin importar si los mismos se encuentran o no instalados en los beneficiarios, tarea a cargo del INPEC y la empresa contratista", añaden en un comunicado.
 
Además, la Uspec no  programó recursos para garantizar la continuidad y cambió las especificaciones del negocio, incrementando el valor final de la tarifa, en detrimento de la transparencia de la convocatoria pública, pues se pasó de un valor de prestación del servicio diario de $17.556,10 a $20.093,8, equiparando incluso el valor que se venía pagando bajo el contrato anterior.
 
Por otra parte, debido a que los pagos al anterior operador fueron hechos por el actual contratista, con recursos dirigidos a la prestación del servicio a su cargo, la Contraloría logró establecer el pago doble de servicios de monitoreo sobre beneficiarios a los que se les retiró el anterior dispositivo y se les instaló el nuevo, por un monto de $21 millones, lo cual será materia de análisis en el curso de un proceso de responsabilidad fiscal.
 
Adicionalmente, el organismo de control logró establecer que luego de 4 años de expedida la Ley 1709 (20 de enero de 2014), el Gobierno Nacional no ha establecido, vía reglamento, el valor de la tarifa diaria de monitoreo, que acorde con el artículo 27 de la citada norma, debe ser sufragada, como regla general, por el beneficiario de la misma.