En medio de las investigaciones por corrupción en la empresa Triple A, uno de los hechos que los investigadores intentan descifrar es el verdadero destino que tuvieron los 80 millones de dólares que fueron desviados durante 17 años bajo el pago de una supuesta asistencia técnica por parte de la Sociedad Interamericana  de Aguas y Servicios S.A. (Inassa).

Lo que los fiscales han podido determinar hasta el momento es que en ese lapso la Triple A pagó a Inassa la suma 237.836 millones 823 mil 242 pesos por un contrato que jamás se ejecutó.

Este contrato, firmado cabeza de Antonio Celia Martínez Aparicio y Alejandro Arteta Abello, en representación de los accionistas privados de la Triple A, contempló el pago mensual del 4,5% del recaudo de servicios domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo por la asistencia en la gestión comercial, operativa, administrativa y técnica. 

En efecto, tanto Celia Martínez Aparicio como Abello Arteta aprobaron, en contraprestación a las obligaciones especiales de Inassa S.A., un pago por concepto de “costo de gerenciamiento”, aplicando los siguientes criterios:

- Durante los 7 primeros años la suma equivalente al 4,5% del ingreso neto de la empresa.

- A partir del 8o. año, al 4,5% se le aplicaría una bonificación de un punto adicional, quedando el pago en el 5,5%.

De inmediato, la Junta Directiva de la Triple A dispuso un nuevo esquema tarifario que, obviamente, aumentaría sus ingresos.

Para los fiscales del caso, con estos recursos se presentó una desviación irregular con el fin de beneficiar a terceros, entre ellos las sociedades Canal Extensia S.A., empresa del grupo español Canal Isabel II.

En concreto, se trata de una cadena de sociedades que conducen a un mismo fin: Canal extensia es una empresa del Grupo canal Isabel II, que a su vez adquirió la mayoría accionaria de Inassa, a la sazón propietaria de la Triple A.

Adicionalmente, Canal Isabel II tiene un accionario de participación en el Gobierno y los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Teniendo en cuenta las conclusiones preliminares de los fiscales a cargo, las investigaciones también deberían extender a las tierras madrileñas, con el propósito de verificar de qué manera esos dineros, equivalentes a 80 millones de dólares, habrían llegado a España de manera irregular.

Estos recursos son independientes a los 27.879 millones 761 mil 912 pesos correspondientes a la investigación que se le sigue al exgerente Ramón Navarro Pereira, por la creación de 54 órdenes de bienes y servicios que no fueron adquiridos y 4 contratos de consultoría con Inassa con los que se pretendía justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión reguladora de Agua Potable (CRA).