El abogado y defensor de Derechos Humanos, José Humberto Torres, presentó la renuncia irrevocable a su cargo a la Dirección Territorial de la Unidad de Restitución de Tierra en Magdalena y Atlántico, en la que estuvo durante 18 meses y presentó un buen balance de su gestión. 

Según Torres, durante el periodo de tiempo que estuvo frente a la entidad y al cierre de su gestión las cifras dan cuenta de la asignación de $4.200 millones para garantizar el retorno digno de las víctimas destinados a la ejecución de proyectos productivos en los predios restituidos a las víctimas del despojo.

Además, La Dirección Territorial avanzó en el diseño e implementación de iniciativas seguridad alimentaria que reparan integralmente las vidas de las víctimas, siendo pionera a nivel nacional en la ejecución de proyectos productivos urbanos (32) y proyectos productivos rurales (53).

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Otro aporte que destaca el exdirector José Humberto Torres de su gestión lo constituyen los avances que se dieron en los tramites de etapa administrativa, demostrando que es posible avanzar en procesos de restitución en poco tiempo y que no se tiene que esperar 10 o más años.

Destacó que después de seis años de larga espera, la comunidad campesina del municipio de Zona Bananera, agrupada en la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados a Las Franciscas (AUCREFRAN), recibió sus certificados de tradición y libertad sobre 130 hectáreas. Asimismo, en Zona Bananera los procesos de la Cooperativa Integral de Agricultores de Varela (COOIAGIVAR), avanzaron con la radicación de demandas individuales y colectivas.

 En Atlántico, los procesos demandados en favor de comunidades afrocolombianas marcaron una tendencia. En este departamento, la URT radicó la primera demanda de restitución que solicita la declaratoria de la Laguna de Luruaco como víctima del conflicto - sujeto de derechos.

Además, la URT, como representante de comunidades negras en ambos departamentos, radicó siete demandas y recibió cuatro admisiones por parte de los jueces especializados en restitución de Santa Marta. A la fecha, cerca de 200 hectáreas se encuentran en admisión judicial y las comunidades atlanticenses, en su mayoría, gozan del avance de estos procesos.

"Para la historia quedarán las primeras demandas radicadas en favor de las comunidades indígenas del Resguardo Arhuaco de la Sierra Nevada y el Resguardo Kogui Malayo Arhuaco. Acciones judiciales que reivindican a comunidades víctimas del conflicto armado en el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta, y hoy avanzan en los despachos", destacó la Unidad. 

En etapa administrativa, la territorial Magdalena y Atlántico de la URT, subió al Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente (RTDAF), un total de 219 decisiones, lo que representa un avance del 84.5 % en la meta anual fijada en 259 decisiones para el 2026.

"En cuanto a la etapa judicial, de una meta anual de 255, a la fecha la territorial reporta un total de 225 demandas radicadas, cifra que representa un avance de cumplimento del 87%. En materia de proyectos productivos la meta 2026 se fijó en el diseño de 40, de los cuales al 30 de agosto se encuentran aprobados 33 para un avance del 83% en la meta que corresponde a la etapa posfallo", puntualizó la entidad.