La Unidad de Restitución de Tierras en Magdalena interpuso dos demandas en favor de comunidades indígenas en este departamento.

Los procesos colectivos, ante los jueces especializados, beneficiarían con la restitución de 16 mil hectáreas a más de 150 familias del pueblo arhuaco en Sierra Nevada de Santa Marta.

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La primera demanda favorece al asentamiento Singuney, ubicado en el municipio de Fundación, con 3.970 hectáreas y 9.312 metros cuadrados.

La segunda acción judicial se presentó en favor del asentamiento Seynurwa, ubicado jurisdicción de Aracataca, solicitud que engloba 12.773 hectáreas y 7.906 metros cuadrados.

“Estas dos acciones judiciales constituyen un hito toda vez que desde la entrada en vigor de la Ley de Víctimas es la primera vez que la URT presenta demandas colectivas de restitución de derechos étnico-territoriales”, destacó la Dirección Territorial Magdalena.

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El Cabildo Gobernador del pueblo Arhuaco para los departamentos de Magdalena y La Guajira, Luis Salcedo Zalabata, destacó el trabajo que se viene realizando desde inicios de 2026.

“Hemos podido establecer esta demanda de manera mancomunada y esperamos que los jueces de la República determinen la reivindicación del territorio y los derechos de los pueblos”, anotó.

Pretensiones de las demandas

Además de solicitar la restitución de los derechos étnico-territoriales, la entidad pidió a los jueces especializados ordenar medidas de reparación integral encaminadas a garantizar la “protección del territorio ancestral y el fortalecimiento de las condiciones de vida, la autonomía y la pervivencia física y cultural” de las comunidades del pueblo Arhuaco.

Se destaca el fortalecer la autonomía y la justicia propia; proteger y restaurar el territorio ancestral, los sitios sagrados y el ambiente; garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y proyectos productivos con enfoque diferencial.

Asimismo, implementar medidas de reparación integral y garantías de no repetición frente a las afectaciones ocasionadas por el conflicto armado.

Al referirse al tema, el director territorial, José Humberto Torres, destacó la importancia que se le ha dado a la protección de los pueblos indígenas en 2026, en especial de quienes habitan en Magdalena y Atlántico.

Según el director territorial, con estas dos acciones judiciales se llega a un total de 13 demandas presentadas por la URT, en ruta colectiva, a favor de las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, desde que se expidió la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4633 de 2011, que regula la restitución y protección de derechos territoriales de pueblos indígenas en Colombia.