José Granados Fernández

@JoseGranadosF

¿Cuáles y cuántas fueron las adulteraciones halladas en actas de la Sala General de la Universidad Autónoma? ¿Además del ex rector Ramsés Vargas Lamadrid, qué funcionarios, incluidos familiares suyos, se beneficiaron con las falsedades? ¿Qué daños patrimoniales sufrió el alma mater con esas decisiones?

Estas y otras preguntas, parte esencial de la verdad que debe conocer la comunidad universitaria sobre la grave crisis que estalló a comienzos de año, no podrán ser resueltas porque si bien la Autónoma, a través de 5 miembros de la Sala General que actuaron en la época de Vargas Lamadrid y una abogada, denunció ante la Fiscalía las presuntas adulteraciones, la rectora Claudia Da Cunha, representante legal y vocera de la institución, negó a Emisora Atlántico y Zona Cero.com el documento presentado ante el ente investigador.

Más de un mes después de pedirle la información a la Rectora y de comprometerse esta en varias ocasiones a entregarla, a última hora decidió negarla:

“Nuestro director jurídico me informa que la denuncia se presentó por varios miembros de Sala General (sic), pero que no podemos entorpecer la labor de los fiscales y la justicia compartiéndola en este momento. Cuando la Fiscalía resuelva podremos informar, antes no”, respondió Da Cunha, el pasado domingo, a uno de los mensajes que por WhatsApp le envió este periodista. Y agregó: “Igualmente me informa (el jurídico) que nos pueden sancionar y demandar”.

El nuevo gerente Jurídico de la Autónoma es Álvaro Angulo.

Ante la negativa de Da Cunha, Emisora Atlántico y Zona Cero.com consultaron a abogados, quienes señalaron que no entienden que la universidad diga que dar a conocer la denuncia entorpecerá la labor de los fiscales y la justicia, pues “las adulteraciones son hechos pasados consignados en unas actas” que, se supone, “hoy nadie va a manipular”. Indicaron que parte de los efectos que perjudicaron a la entidad “fueron notorios” y afectaron directamente a la comunidad estudiantil.

En cuanto a que la Autónoma puede ser sancionada por dar a conocer la denuncia, los juristas expresaron que “es una justificación sin fundamento”. “En estos casos la única reserva es la negativa de quien presenta la denuncia, más nada. A nadie sancionan por publicar una denuncia de este tipo”, coincidieron.

Uno de los abogados consultados indicó que “quien no debe hacer pública la denuncia es la Fiscalía, pero el denunciante, si lo quiere, puede hacerlo; eso lo vemos todos los días en el país”. Sostuvo que la negativa a entregar la denuncia a medios de comunicación podría entenderse como una “falta de seguridad de parte de la universidad sobre los hechos denunciados”. “¿Están seguros de lo que denunciaron o temen que se les devuelva y terminen denunciados?”, se preguntó.

La presunta adulteración de las actas de la Sala General trascendió a raíz de preguntas que el 15 de febrero, en una rueda de prensa, le hicieron Emisora Atlántico y Zona Cero.com al ex rector Ramsés Vargas, entre otros hechos, sobre una bonificación de 26.000 dólares mensuales que él cobraba, supuestamente aprobada por el órgano de gobierno, y sobre préstamos millonarios con particulares a los que les pagaban intereses superiores a los bancarios. Estos y otros hallazgos del Ministerio de Educación fueron consignados en un informe que el exrector escondió a los directivos porque cuestionaba su gestión.

Igualmente, la Sala General, criticada en ese momento por la comunidad universitaria, se enteró de otras actuaciones de Ramsés Vargas a través de un informe periodístico detallado, que publicamos el 27 de febrero, sobre la venta, pignoración y entrega en pago de valiosos inmuebles como el Polideportivo, sin que hubiese existido autorización para dichas transacciones.

Además de no entregar la denuncia sobre las actas adulteradas, Claudia Da Cunha no ha suministrado tampoco la lista completa con nombres, apellidos y pagos mensuales de abogados contratados por Ramsés Vargas por sumas millonarias, tema que el Ministerio de Educación ordenó revisar.

La respuesta es que les ha tocado rehacer la información porque la administración pasada no dejó archivos. A este paso, la verdad sobre el saqueo de la Autónoma, que afectó un derecho fundamental como es la educación y perjudicó a cerca de 9.000 estudiantes y a sus familias, está lejos de conocerse en su totalidad.