El Juzgado 15 Laboral del Circuito de Barranquilla libró mandamiento de pago a favor de Silvia Beatriz Gette Ponce y sus hijos y en contra de la Universidad Autónoma del Caribe “por conceptos y sumas reconocidas en las sentencias correspondiente a las diferencias pensionales causadas y compensadas, debidamente indexadas desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de abril de 2026 que asciende a $ 7.586.148.566": 

En el mandamiento de pago también decretó el embargo y secuestro de las sumas de dinero depositadas, que tenga o que llegare a tener la sociedad Universidad Autónoma del Caribe. 

¿De dónde proviene el mandamiento de pago? 

El juzgado profirió sentencia el 28 de enero de 2015 donde se resolvió declarar la pensión de sobreviviente reconocida y pagada por la Universidad Autónoma del Caribe a Silvia Gette Ponce que por ley le correspondía el monto de la mesada pensional que devengaba el causante. 

Como Gette era la pareja de Mario Ceballos Araujo, entonces rector de la Universidad, por ley le correspondía que la pensión pasara a ella.

Cuando Ramsés Vargas era rector de la Universidad demandó la pensión de Gette.

Lea también: Andi alertó sobre un incremento en el costo de las exportaciones por un nuevo impuesto local en Buenaventura

El Tribunal, en segunda instancia, ordenó rebajar de 96 a 47 millones de pesos la pensión de la colombo-argentina. En el juzgado se había establecido en enero de 2015 que la pensión debía ser de 71 millones. Esta fue la decisión que revocó el Tribunal y ordenó devolver el saldo que había recibido de más. 

“Sí bien el Tribunal Superior ordenó una devolución a favor de la Universidad por valor de $907.726.267, la solicitud actual se centra en las mesadas dejadas de pagar y las diferencias por reajustes omitidos desde 2017 a la fecha”, precisó el juzgado en el mandamiento de pago. 

El despacho observó que la Universidad Autónoma del Caribe, desde el año 2018 disminuyó unilateralmente la base pensional al reducir el salario del rector “contraviniendo el principio de irrenunciabilidad y la orden judicial que solo permite reajustes en favor de los incrementos”.

Precisa el juzgado que la Universidad no realizó el incumplimiento en los pagos por una omisión absoluta en los mismos, “sino en la alteración unilateral de la base de cálculo fijada en la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 15 de diciembre de 2016” que dispuso que la prestación pensional debía reajustarse automáticamente en el 100 % de los incrementos o alzas percibidas por el cargo de rector.

“No obstante, el ente universitario, bajo el argumento de una crisis administrativa a partir del año 2018, procedió a reducir el salario nominal de dicho cargo y, consecuencialmente, a disminuir la mesada pensional de los ejecutantes, desconociendo que el mandato judicial vinculó el reajuste exclusivamente a los aumentos y no a las fluctuaciones descendentes de la escala salarial”, precisó el juzgado.

Por lo anterior, destacó el juzgado, que esta conducta generó una brecha prestacional que vulneraba los principios de favorabilidad y progresividad, desconociendo pilares fundamentales “como la inmutabilidad de la sentencia y la cosa juzgada, especialmente tras la ejecutoria ratificada por la Corte Suprema de Justicia el 26 de enero de 2022”.

“Por tanto, una vez definida judicialmente una prestación económica, no resulta jurídicamente admisible su modificación unilateral, pues ello equivaldría a desconocer los efectos de la sentencia”, advirtió el juzgado.

De allí el mandamiento de pago por más de 7.500 millones de pesos a favor de Gette Ponce. 

Hay que recordar que Silvia Gette dejó el cargo de rectora en 2013 tras quedar envuelta en procesos judiciales y a su lugar llegaron otros rectores, lo que generó una crisis administrativa en la Universidad. 

Hay que precisar también que un juzgado municipal de control de garantías de Barranquilla restableció su derecho de volver a la rectoría y asumió el cargo el 27 de abril de 2026.