Una nueva invitación a las entidades del Estado para que vinculen personas con discapacidad en sus plantas, hizo el Gobierno nacional en cabeza de la Alta Consejería para la Discapacidad y del Departamento Administrativo de la Función Pública, con la socialización de las disposiciones del Decreto 2011 de 2017 y la Circular 100-05 de 2018, en evento que tuvo lugar este 23 de abril en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Inclusiva, DCRI, ante los jefes de las áreas de talento humano de más de 100 entidades públicas de la Rama Ejecutiva.

“Es muy importante que las entidades conozcan lo establecido por el Decreto 2011 de 2017, acerca de los porcentajes de sus plantas de personal que deben destinar para ser ocupados por personas con discapacidad”, afirmó el director de Función Pública, Fernando Grillo, entidad que impulsa este tema junto con la Alta Consejería para la Discapacidad y el Ministerio de Trabajo.

Al respecto, el Alto Consejero para la Discapacidad, Jairo Clopatofsky, resaltó que la sociedad debe reconocer que "una persona con discapacidad no es una persona enferma, y eso hay que desmontarlo de los imaginarios” y valoró el carácter "abierto, pluralista e incluyente que tiene el Decreto 2011 de 2017".

En esta jornada, el director de Función Pública resaltó la importancia de este escenario por “su trayectoria para el tratamiento de personas con discapacidad, acorde con el propósito del Gobierno de consolidar un empleo público incluyente, que refleja intereses e inquietudes de personas con discapacidad”, y presentó una caracterización de los servidores públicos con discapacidad que actualmente laboran para el Estado colombiano, “los cuales suman hasta hoy 2.516 personas, cifra que nos anima a seguir impulsando este tema”, agregó el director Grillo. Cabe destacar que de este total, un 46 por ciento pertenecen a carrera administrativa; el 40 por ciento son provisionales y el 10% de libre nombramiento y remoción.

Esta muestra también señala que, de este total, el 52% son hombres y 48% mujeres; así mismo, la discapacidad física prevalece entre este grupo de servidores públicos con el 42%; la visual, con el 38%; la auditiva está en tercer lugar con el 12%; y finalmente aparecen la discapacidad psicosocial con el 4%, la múltiple con el 3% y la intelectual con el 1%.

Es de resaltar que esta actividad también contó con la intervención de otras entidades públicas que lideran el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, como el Centro de Rehabilitación Inclusiva; el Instituto Nacional para Ciegos, INCI; y el Instituto Nacional para Sordos, INSOR.

Las barreras que enfrenta hoy la población con discapacidad

La directora del DCRI, Diana Gutiérrez de Piñeres, afirmó que las personas con discapacidad afrontan “una barrera de actitud, y debemos entender que es una situación dura para una persona el hecho de que la llamen discapacitada cuando ayer podía caminar y hoy no lo hace”, por esto, invitó a dejar atrás “el mito de que existe una diferencia y, al contrario, nos tratemos entre iguales”.

En este sentido, la Coordinadora del Grupo de Gestión en Discapacidad del Ministerio de Salud y Protección Social, Clemencia Nieto Alzate, resaltó que esta barrera se puede vencer si se entiende que son “sujetos de derechos, que su condición no es incapacidad” y agregó que a renglón seguido se puede proceder a realizar “los ajustes razonables o apoyos que necesitan estas personas, como horarios flexibles, teletrabajo, adecuación de sus puestos de trabajo, ayudas para movilizarse o para establecer comunicación, e implementarlos, porque una sola persona con discapacidad transforma positivamente el ambiente laboral”, afirmó.

A su vez, la directora del Instituto Nacional para Sordos, Natalia Martínez Pardo, indicó que “parte de las transformaciones a que nos invita el Decreto 2011 de 2017 es a reconocer el contexto de las personas con discapacidad, que ésta no la define sino que configura su entorno”.

Con base en estas consideraciones, se valoró también la importante contribución que representa su trabajo para las entidades, “porque esa persona con discapacidad tiene una adherencia a los programas institucionales, son personas proactivas, cuidan su trabajo y pueden dar un valor agregado a la entidad que los vincula”, agregó la directora del DCRI.

La invitación es a capacitarse: INCI

Carlos Parra Dussán, director del INCI, afirmó que se está enviando un mensaje a las personas con discapacidad “para que se preparen, convaliden sus competencias y certifiquen sus conocimientos para que las entidades públicas los puedan contratar”.

En esta línea, la representante del Ministerio de Salud y Protección Social, Clemencia Nieto, recordó que el SENA y el Servicio Público de Empleo han dispuesto diversos canales de socialización, difusión y desarrollo de competencias laborales para que las personas con discapacidad puedan comprender el proceso de inclusión laboral, “porque hay que tener en cuenta que algunas personas ni siquiera saben cómo diligenciar su hoja de vida”, concluyó.